La polémica por la licitación de los nuevos carnés y pasaportes chilenos suma un nuevo capítulo con la decisión del Registro Civil de anular todo el proceso y dejar a Aisino, la empresa china que había logrado la adjudicación, con las manos vacías.
La controversia viene gestándose desde hace meses. Tempranamente se supo que, de todos los oferentes, Aisino había entregado la propuesta más económica y, por lo tanto, corría con ventaja frente a sus competidores. Frente a esto, no tardaron en aparecer los cuestionamientos en la prensa, con diferentes voces que advirtieron posibles consecuencias negativas si la firma asiática lograba la adjudicación: que podía empeorar la calidad de los documentos, que se vería comprometida la seguridad nacional por el manejo de los datos personales de los chilenos, que se afectarían las relaciones diplomáticas con otros socios comerciales como Estados Unidos, con el cual se perdería el privilegio de la Visa Waiver. Finalmente, fue este último punto, junto con supuestas inconsistencias en la oferta, lo que llevó al Registro Civil a decidir la anulación del proceso, desoyendo las réplicas que habían hecho al respecto la embajada de China en Chile e incluso el presidente de Aisino, empresa que ya anunció acciones legales.
Una encuesta de Ipsos reveló en abril de este año que un 65% en Chile está de acuerdo con que la inversión de empresas internacionales en el país es esencial para nuestro crecimiento y expansión, y nuestra evidencia muestra que la mayoría de las personas en Chile están abiertas a la idea de empresas extranjeras invirtiendo en el país, siempre y cuando el servicio que estas entreguen sea de buena calidad. Si llevamos esto al caso del Registro Civil, surgen varias interrogantes:
¿Significaba verdaderamente una disminución en la calidad de los documentos la adjudicación de Aisino?, y de ser así, ¿por qué entonces fue la oferta mejor evaluada? ¿Será qué las bases del concurso daban muy poca importancia al aspecto técnico en comparación con el económico? Recordemos que fue esto mismo lo que dio ventaja a la empresa china sobre sus competidores.
¿Por qué el Registro Civil levanta una licitación cuya legítima adjudicación por uno de los oferentes es incompatible con el programa de Visas Waiver? Y si esta posibilidad fue advertida con anterioridad a que se resolviera la adjudicación, ¿por qué esperan a noviembre, dos meses antes de que caduque el contrato con el actual proveedor, para decretar la anulación del proceso?
Ya sea que el error haya estado en las bases del concurso o en la Comisión Evaluadora, parece una muy torpe e ineficiente manera de manejar la situación por parte de las autoridades a cargo. Una que no solo deja a los chilenos sin saber quién elaborará sus nuevos documentos de identidad, sino que también socava las relaciones diplomáticas entre Chile y su principal socio comercial.
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