Luego del triunfo del Rechazo frente al proyecto constitucional propuesto por la Convención Constitucional, continuamos regidos por la Constitución de 1980, lo que significa para Chile prolongar el ciclo de crisis de legitimidad institucional. Si bien es cierto, la derecha cumplió con su promesa de campaña en orden a impulsar un nuevo proceso constitucional, para redactar una nueva Constitución, el nuevo acuerdo político de fines del 2022 es tan deficiente como el acuerdo del 2019 en lo que se refiere al diseño del plebiscito de salida, ya que vuelve a repetir la fórmula confrontacional o excluyente de Apruebo o Rechazo.
El problema que se podría volver a presentar es un escenario donde la ciudadanía se incline mayoritariamente por la opción Rechazo. En concreto, eso significa, continuar siendo regidos por la Constitución de 1980, que no solo mantiene su ilegitimidad de origen, sino que no dialoga en absoluto con las necesidades de diseño institucional que Chile requiere, para abordar las complejidades e incertidumbres tan propias de este siglo XXI y su telón de fondo, la crisis ecológica global con un cambio climático galopante que, de acuerdo con los informes especializados, Chile está comprometido en 7 de 9 criterios de alta vulnerabilidad climática.
Al parecer no se entiende que el plebiscito de salida como el diseño de una solución es una oferta poco inteligente y confrontacional, para una ciudadanía inteligente y pacífica que, además, ya se definió por cambiar la Constitución de 1980, no solo en el plebiscito de entrada del año 2020, sino en las sucesivas encuestas en torno a esta temática. Dicho de otra manera, la ciudadanía demanda de la élite política acuerdos que faciliten los diseños institucionales que funcionen como soluciones adaptativas a las necesidades más acuciantes del diario vivir y del porvenir, donde una nueva Carta Magna nos oriente hacia el futuro como carta de navegación, para no irnos a la deriva (naufragar) ni mucho menos estancarnos como país (encallar).
En efecto, votar Apruebo es decirle SÍ a un texto, aunque no cumpla con nuestra entera satisfacción y votar Rechazo, es decirle que NO a un texto, aunque cumpla con la condición de salirnos de la parálisis de la Constitución de 1980. Plantear así la encrucijada de tener o no una nueva Constitución es no resolver el tema de fondo sobre la crisis de legitimidad institucional.
Entonces, si el tema de fondo es votar una nueva Constitución Política, se debería ofrecer a la ciudadanía una elección y decisión entre distintas ofertas de proyecto constitucional, donde aseguramos el resultado y la certeza de que al otro día del plebiscito vamos a tener claridad sobre cómo avanzar hacia una nueva Constitución y no someternos, una vez más, al juego de suma cero del actual plebiscito de salida, donde nos exponemos a un segundo Rechazo por parte de la ciudadanía, por el hecho de ofrecer como alternativa “la nada” o “una nueva incertidumbre”.
La ciudadanía o “el soberano” requiere, para este nuevo plebiscito de salida, tomar decisiones sólidas ante escenarios líquidos como los que está viviendo o padeciendo nuestra sociedad nacional y, por supuesto, también la sociedad global. Decisiones sólidas que pasan por elegir una opción de proyecto constitucional muy concreta, como por ejemplo el proyecto constitucional del 2016; el texto constitucional del 2022 o el nuevo proyecto/texto constitucional que emanará de este tercer proceso constituyente.
Es cierto que el proyecto constitucional del 2022 ya fue rechazado por una amplia mayoría de la población, por tanto, no debiese ser motivo de preocupación por parte de sectores que mayoritariamente han apostado por un nuevo proceso para redactar una nueva Constitución.
También es efectivo que la ciudadanía no conoce o no ha podido conocer la propuesta constitucional del año 2016, emanada de un diálogo constituyente a nivel comunal, provincial y regional para elaborar las bases de una nueva Constitución. Esto es un tema técnico procedimental solucionable, porque las actas de dichos encuentros existen y están resguardadas y sistematizadas en soporte impreso y digital. Armonizar la producción de un texto constitucional con foco en mecanismos de transparencia institucional es una tarea posible y probable con criterios SMART (específica, medible, alcanzable, realista y en tiempo justo).
Estamos a la espera del nuevo proceso y proyecto constitucional que va a ser abordado en los próximos meses en el contexto de los márgenes de la negociación política alcanzada, con espacios y canales suficientes de información, itinerario y organicidad institucional.
Las negociaciones políticas que derivaron en los acuerdos para abrir los procesos constituyentes, para redactar una nueva Constitución los años 2019 y 2022 fueron capaces de asumir, en parte, la crisis de legitimidad, principalmente sobre la base de las posiciones e intereses de los sectores incumbentes o del poder constituido, sin embargo, en ambos acuerdos, lo menos inteligente fue la concepción del mecanismo decisional para alcanzar la declaración de intenciones, es decir, obtener una nueva Constitución, ya que la opción Rechazo entierra el propósito del acuerdo y, por sobre todo, la necesidad de resolver la crisis de legitimidad constitucional.
Recordemos que el título del acuerdo del 2019 fue “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” y que el “Acuerdo por Chile” del 2022 dice en su primer párrafo: “Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile” ¿Nos entendemos?
Entonces ¿Es posible desde un esfuerzo de innovación colaborativa y diálogo estratégico modificar el punto III. sobre el plebiscito ratificatorio? Por supuesto que sí. Incluso, el título de este punto podría ser III. Plebiscito Constitucional. A este nuevo esfuerzo de nuestras élites políticas lo podríamos llamar “inteligencias colaborativas”. De esta forma, todas las personas convocadas a votar en el plebiscito de salida podremos tomar una decisión sólida sobre la base de tres proyectos constitucionales concretos surgidos en este breve espacio tiempo 2016-2023.
El que sea una decisión para elegir un de tres textos, no revive las dinámicas de los tres tercios políticos clásicos de nuestra historia electoral, porque puede haber gente de derecha, de centro o de izquierda que encuentre mayor certidumbre en uno de los 3 proyectos constitucionales, tampoco representa un dilema generacional encontrar solidez en cualquiera de los tres textos. Simplemente se trata de un plebiscito de salida que se adapta a una complejidad decisional, brindando certidumbre para el día siguiente del plebiscito, asegurando una nueva Constitución y una oportunidad estratégica para un nuevo comienzo con un nuevo pacto social.
En el marco de nuevas soluciones de diseño para dirimir la cuestión constitucional, ante la posibilidad de un cuasi empate entre las dos opciones más votadas podría darse un balotaje que, en el transcurso de dos meses, permita la adaptación y mejora de los textos que pasan a segunda vuelta por parte de aquellas fuerzas que apoyaron dichas opciones, abriendo la puerta -de ser necesario, oportuno y conveniente- a una fusión de textos, para lograr un mayor consenso y un mes de campaña, para que la ciudadanía aprecie el valor del esfuerzo, orientado a parir un nuevo texto constitucional, tan fuerte y flexible como un bambú.
Nuestra democracia del siglo XXI exige tres criterios y principios esenciales, esto es, contar con una nueva Constitución que sea flexible, sensible y sostenible. Flexible, porque se asume en lo procedimental que el proceso de implementación requiere de diversas negociaciones y acuerdos entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Sensible, porque en ella caben todas las manifestaciones de nuestra plural existencia como país. Sostenible, porque el nuevo texto constitucional va a reestablecer la quebrantada legitimidad institucional de nuestra historia democrática, para abordar los ingentes desafíos que nos depara este siglo XXI.
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