Han sido semanas de polémicas y acusaciones mutuas entre Podemos y el PSOE, los dos partidos que lideran el gobierno español y que se han visto enfrascados en una disputa por los resultados que ha tenido la aplicación de la “ley del solo sí es sí”. Esta ley, que entró en vigor en octubre del año pasado, cambió las penas máximas y mínimas de las agresiones sexuales. Sin embargo, lo que no se esperaba es que terminase beneficiando a quienes ya estaban condenados, disminuyendo sus penas.
A causa de esto, el gobierno se ha visto frecuentemente cuestionado por la oposición, y frente al problema los dos socios de coalición de gobierno tienen posturas distintas: mientras el PSOE de Pedro Sánchez quiere reformar la normativa, cosa con la que se gana el apoyo de la derecha, desde Podemos se resisten a cambiarla, alegando que sería “modificar el espíritu de la ley”.
La norma entró en vigor el pasado 7 de octubre y hasta el momento se habla de hasta 500 condenas revisadas y acortadas. Esto, ya que la nueva ley, al eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, terminó dejando una “laguna legal” que los abogados de los condenados han aprovechado a su favor. El ejemplo más claro de esto es el cambio en las penas por violación, que antes eran de seis a 12 años, y ahora son de cuatro a 12 años. Muy alejado de la intención inicial de la legislación, el efecto más notorio que ha tenido esta normativa es la rebaja de hasta 500 condenas en los últimos meses.
Sin embargo, el lunes pasado el PSOE dio un paso hacia adelante, mandando un proyecto de reforma al Parlamento, sin esperar por la aprobación o no de Podemos. Irina Montero, la ministra de Igualdad, calificó esta propuesta como un retroceso: “Las feministas no hemos peleado un cambio de nombre sino porque no sea más creíble el testimonio de la víctima si tiene una herida más grande”.
Según Montero, esta discrepancia con el PSOE supone volver a “la idea del calvario probatorio en el que la credibilidad de la víctima se basaba en si había habido violencia”.
En una conversación informal con periodistas, el presidente español aseguró que Podemos estaría “en ambiente electoral”, oponiéndose con tanta fuerza a las reformas para posicionarse políticamente. Esto, considerando que en mayo habrá elecciones municipales y autonómicas, y que a fines de año corresponde que se hagan las elecciones generales.
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Ya la semana pasada, el Presidente Sánchez había dicho: “Ni el Ejecutivo, ni los grupos parlamentarios que la aprobaron, tuvimos como objetivo que se rebajara la pena a ningún agresor”. En esa dirección, tanto las ministras como los políticos del PSOE han estado trabajando para impulsar una reforma de la ley, llegando a enviar en solitario una reforma al Parlamento.
Según Sánchez, Podemos estaría sobreactuando en esta polémica, y asegura que la reforma saldrá adelante: “Vamos a resolverlo”, declaró en los pasillos del Congreso. Desde el PSOE aseguran que todas las propuestas de Podemos radican en la misma posición, que el Ministerio de Justicia ya rechazó: convertir la violencia o intimidación en una agravante penal y no en un subtipo del crimen agresión sexual. Esta diferencia, señalan desde el PSOE, podría dar margen a los jueces para dar las penas bajas, manteniendo el problema de la nueva ley.
Este estancamiento entre los dos mayores partidos del oficialismo lleva semanas, pero de momento es el PSOE el que tiene la ventaja si espera sacar adelante su reforma. A pesar de que el Partido Popular apoya la reforma de Sánchez, el presidente cree que no necesitará del apoyo opositor, porque entre las negociaciones se ha podido conseguir el respaldo de otros partidos oficialistas menores, como el PNV y el PDeCAT.
Fuentes del PSOE comentaron la situación a El País: “Ya están todas las posiciones muy claras. La gente sabe que nosotros queremos arreglarlo y cambiar la ley. El 95% de los españoles quiere cambiar la ley. Estamos dispuestos a hablar, pero sin marear más”.
A pesar de la voluntad del Partido Popular para apoyar la reforma, esta es percibida como un “apoyo envenenado”, con miras más a dividir a los partidos oficialistas que a impulsar una reforma. Pedro Sánchez se mostró dispuesto a sacar la reforma adelante, incluso con el PP, pero ironizó sobre el “súbito frenesí feminista” de un partido que, históricamente, se ha opuesto a este tipo de iniciativas.
Precisamente, al interior del Partido Popular se ha venido discutiendo la situación del derecho al aborto, entre distintas alas del colectivo, luego de que junto a Vox se intentara poner obstáculos a este derecho en la comunidad de Castilla-La Mancha. “Feijóo –el presidente del Partido Popular– tiene que buscar sus malabarismos dialécticos con el aborto para no herir la sensibilidad del ala dura del PP”, comentó Sánchez.
