Mientras hoy miércoles la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja comienza a analizar la iniciativa del Gobierno para mejorar la lucha contra el crimen organizado, en paralelo, las oposiciones intentan legislar para derogar la Ley de Seguridad del Estado, el control preventivo de identidad y la ley antibarricadas, en el marco de la que han denominado una agenda “antirrepresión”.
Estos planteamientos ya fueron repudiados desde Interior, por lo que una de sus impulsoras, la diputada Maite Orsini (RD), sostuvo que “me llama la atención que el Gobierno etiquete nuestra propuesta como ‘la agenda de la impunidad’ al contraponerla con la agenda del Ejecutivo en materia de seguridad”.
“El ministro (Rodrigo Delgado) dice que estas leyes que queremos derogar son necesarias para la gente. Yo le pregunto: ¿La gente necesita que Carabineros realice aproximadamente cinco millones de controles preventivos de identidad para lograr solamente un dos por ciento de detenciones, como ocurrió en el año recién pasado?”, reflexionó la integrante de la comisión.
La legisladora también planteó que “cuando las mujeres venimos pidiendo por años que se nos proteja y que se cumplan las medidas cautelares por violencia intrafamiliar, Carabineros está haciendo una pesca de arrastre alarmantemente inútil“.
Como se acentúan las diferencias entre los bloques ante las iniciativas en esta materia, el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, adelantó que “hoy día vamos a trabajar en un acuerdo transversal en la comisión, para que todos los proyectos de seguridad ciudadana que están, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sean despachados de esta Cámara y del Congreso en junio de este año, y así poder tener las herramientas necesarias para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado”.
Para esta jornada también se espera que la Comisión de Seguridad de la Cámara se pronuncie sobre la renuncia presentada por su -todavía- presidente, el DC Miguel Ángel Calisto. En las oposiciones pondrán en ese cargo al socialista Raúl Leiva.
INSULZA OBJETA EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE CARABINEROS
Por otro lado, hoy también la Comisión de Seguridad del Senado retomó el análisis del proyecto del Gobierno que apunta a fortalecer el trabajo de Carabineros, la PDI y Gendarmería, pero que causa polémica porque en uno de sus artículos exime de responsabilidad penal a los funcionarios por el uso de sus armas de fuego en ciertas circunstancias.
Algunas de las situaciones en que no serían sancionados serían al disparar en defensa propia o de un tercero al que deba prestar protección, al balear a un preso que huya, o a quienes traten de desobedecer una orden judicial.
“Creo que decir, por ejemplo, que es legítimo validar el uso de la fuerza contra una persona que se ha robado una cartera y va escapando, y dispararle entonces, es una cosa un poquito exagerada“, estimó el senador socialista José Miguel Insulza.
El parlamentario insistió que “entre los dos valores que están en juego ahí, que es la vida de una persona, por muy delincuente que sea, y un objeto de escaso valor o del que sea, yo creo que es complicado enfrentar este asunto”.
