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Un día después del plebiscito de salida, el lunes 5 de septiembre, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez, llegó decidida a su oficina en calle Huérfanos. Habían salido de la incertidumbre y era claro que, al menos por el momento, el órgano que permaneció amenazado por la propuesta de nueva Constitución seguiría funcionando. Así que se dispuso a organizar las tablas de trabajo.
A casi cinco meses de haber sido electa para liderar la entidad, ya son varios los cambios que ha hecho, renovando la cara de un tribunal que cada cierto tiempo es blanco de críticas.
¿Cómo han sido estos primeros meses?
Han sido unos meses extremadamente desafiantes, en todos los ámbitos. El primero de ellos ha sido, en definitiva, conocer la institución tanto en su gestión jurisdiccional como en su gestión administrativa, y conocer más a fondo a las personas que lo integran y, por lo tanto, hacerme cargo también de las problemáticas que viven en el día a día. Y, por cierto, el Tribunal Constitucional, como tal vez toda institución que está sometida también a distintas presiones y tensiones propias de la problemática que tiene que resolver, lo primero que uno tiene que lograr es un clima que permita llevar adelante esta gestión en las mejores condiciones posible.
¿En qué se han traducido sus gestiones?
La primera decisión fue poner en marcha el sistema de tramitación electrónica. Es un diseño de proceso que formaliza los trámites que se realizan en la institución y que apoya en transparencia y en mejorar las relaciones interpersonales.
Usted antes de arribar al TC manifestó reparos al organismo. ¿Qué piensa ahora siendo su presidenta?
No lo pondría como reparos. La justicia constitucional y el debate sobre la legitimidad de la misma implica verificar que los arreglos institucionales no transformen a la justicia constitucional en una tercera Cámara. Dentro del debate respecto a la necesidad de una justicia constitucional, uno de los problemas que se enfrentan en Chile -y en cualquier parte del mundo- es que se actúe como mecanismo de control contramayoritario respecto del Parlamento. Para hacerse cargo de ese problema, está la deferencia al legislador, de modo que creo que la justicia constitucional debe actuar de manera excepcional, y como última ratio, ser deferente con el legislador, sacando de circulación aquellas normas que efectivamente no pasan el test. La deferencia se expresa en cómo se depura el ordenamiento jurídico y se acoge o rechaza requerimientos. Por ejemplo, la corte alemana suele decir que las causas que acogen son las menos y que sólo el 5% de las normas reclamadas son sacadas del ordenamiento jurídico.
Los últimos meses han marcado cambios jurisdiccionales, por ejemplo, en materia del derecho humano al agua, sobre enfoque de género y asuntos laborales.
Es importante dar cuenta que todas estas causas estaban sostenidas con votos de minoría por el Tribunal Constitucional. O sea, en el fondo, lo que hoy día ha ocurrido es que hay votos de minoría que se transformaron en votos de mayoría en la nueva conformación. Ya se había expresado el razonamiento jurídico. Nosotros, en general, nos hemos plegado a un razonamiento jurídico que en el Tribunal Constitucional tenía una historia consistente.
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¿Cómo valora esta nueva mayoría?
Creo que es una jurisprudencia que va en la línea correcta, entonces lo valoro muchísimo, pero creo que coloca sobre la mesa la necesidad de resolver la nominación de las cortes constitucionales, de modo que la integración no sea un factor determinante en la línea jurisprudencial. Por lo tanto, en el marco de un diálogo constitucional que pudiera revisar el diseño de las instituciones, no cabe ninguna duda que uno debiera ir estableciendo algunos mecanismos para que la integración tuviera un peso menos significativo. Se podrían fijar criterios de unificación de jurisprudencia que podrían salvar esta disparidad en el fondo jurisprudencial. Eso hay que analizarlo.
¿Qué rol esperan jugar en un eventual segundo tiempo del proceso constituyente?
Debiéramos aportar al debate constitucional con nuestra experiencia y en estos temas que ayudan a robustecer una justicia constitucional, de modo que podamos aspirar al mejor diseño institucional.
¿Cree que el TC tiene posibilidades de “sobrevivir” con las características que hoy tiene?
El desafío del Tribunal Constitucional es aportar a la discusión sobre qué justicia constitucional requiere nuestro país. Eso puede ser este Tribunal Constitucional con otras competencias, con las mismas, puede ser una Corte Constitucional. Lo importante es poder generar insumos para que el debate pueda efectivamente deliberar de la mejor manera.
Recibió cuestionamientos por una foto con la ministra Ana Lya Uriarte. ¿Es algo que la podría llevar a inhabilitarse ante recursos presentados por el gobierno?
Todo el mundo sabe que fui nominada por el Presidente Gabriel Boric. No hay ninguna novedad y no creo que un encuentro privado de esas características pudiera efectivamente considerarse como un hecho que pone en riesgo mi imparcialidad para resolver los temas que me corresponden. El caso era una cena entre colegas de la Universidad de Chile, a quienes conozco desde nuestra época universitaria. Creo que no hay nada relevante en eso.
Se ha dicho en distintos tonos que la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares requeridos. ¿Cree que es un error por parte del gobierno no avanzar en su modificación?
La Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado, los estados de excepción, etc., son mecanismos que son complejos, que están para resolver situaciones muy extremas en la convivencia democrática, y los estados democráticos deben ser particularmente cautelosos en su aplicación. Eso es lo que han establecido los organismos internacionales, para evitar que sean utilizados contra los opositores políticos. Entonces, yo creo que lo que se debe tener es extrema fidelidad a esos criterios. No puedo sino dar cuenta de que no hay razón para no ajustarse a esos criterios.
