Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban este lunes caminando por el sur de México hacia el norte y llegaron por la tarde a la localidad de Huixtla, en Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata.
El ayuntamiento de este municipio, a poco más de 40 km de Tapachula, de donde partió el grupo el sábado, había sanitizado el parque central como medida preventiva para evitar contagios de Covid-19.
A diferencia de caravanas anteriores, esta no incluía tantos migrantes haitianos, miles de los cuales llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, a la altura de Del Rio, Texas, en septiembre. Miles fueron devueltos a Haití, otros al sur de México y también hubo muchos que fueron liberados dentro del territorio estadounidense.
Para vigilar esta nueva ola migratoria, un centenar de efectivos de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración y al menos un autobús se habían desplegado por la mañana en la carretera unos kilómetros antes de Huixtla, una zona donde han sido disueltos los anteriores grupos que salieron de también de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en los últimos meses.
Este lunes las fuerzas de seguridad no actuaron para intentar frenar a los migrantes y se limitaron a observar el paso del grupo a cierta distancia. En todas las anteriores ocasiones este año, las caravanas han sido disueltas antes de salir de Chiapas.
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En agosto algunos operativos fueron denunciados por organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza. En otras ocasiones tuvieron lugar durante la noche, deteniendo a los migrantes de los lugares públicos donde dormían.
El gobierno mexicano aseguró esta vez que se respetarían los derechos humanos. “Se va a actuar con prudencia, respetando de los derechos de las personas” y con apego a la ley, garantizó el canciller Marcelo Ebrard cuando se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa y tras lamentar que los migrantes estén siendo alentados a caminar hacia Estados Unidos mediante engaños.
El activista Luis García Villagrán dijo sin embargo que el objetivo era llegar hasta Ciudad de México para visibilizar la situación que viven los migrantes en el sur del país.
México requiere que los migrantes que solicitan una visa humanitaria o asilo permanezcan en el estado donde hacen la solicitud hasta que sus casos sean procesados pero una vez que se les reconoce el estatus ya pueden teóricamente moverse por el país.
