Los agentes de Aduanas o de la Policía han confiscado estos dispositivos a más de 1.000 compradores en el extranjero, y muchos enfrentan multas y cargos relacionados con armas.
El ‘no lanzallamas’ creado por Elon Musk, bajo la empresa The Boring Company, ha provocado una serie de problemas con la Policía e incluso el arresto de algunos de sus usuarios, al ser considerado un arma en varias partes del mundo.
Poco después del lanzamiento del dispositivo en 2018, el estadounidense Max Craddock fue aprehendido en la ciudad italiana de Olbia, en Cerdeña, al intentar abordar un bus con el nuevo producto del magnate. El conductor pensó que era un arma, se negó a partir y llamó a las autoridades.
“Estaban muy tranquilos al principio, pero a medida que avanzaba la noche, fue empeorando. Pasé la primera noche en la comisaría de Olbia y luego me llevaron a la cárcel”, comentó Craddock a TechCrunch en una entrevista reciente.
Tras pasar dos días en la prisión, el joven pudo presentar su caso ante un juez y asegurar que “no es un arma de guerra”, y por el contrario, demostrar que “es un juguete que venden a los niños”. No obstante, en la audiencia el hombre se enteró que la posesión de un lanzallamas en Italia podía conllevar una sentencia de hasta 10 años tras las rejas.
Un incidente similar ocurrió con John Richardson, quien estaba en su casa de Londres cuando llegaron cinco agentes de policía a su puerta con armas de electrochoque y equipo táctico. “Creo que un par de ellos también tenían pistolas, pero estoy un poco confundido porque mis piernas temblaban”, contó el hombre al portal de tecnología.
Después de unos pocos minutos, Richardson entendió que era el lanzallamas de The Boring Company lo que había conducido a una orden de registro de su domicilio por parte de las autoridades.
Según TechCrunch, los agentes de Aduanas o de la Policía han confiscado estos dispositivos a más de 1.000 compradores en el extranjero, y muchos enfrentan multas y cargos relacionados con armas. Asimismo, precisa que en EE.UU. los lanzallamas han estado implicados en al menos una investigación criminal local y otra federal.
