La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la querella que presentó el alcalde Jorge Sharp, en representación del Municipio del Valparaíso, por el delito de estafa en contra de las empresas que organizaron el fallido espectáculo de fuegos artificiales.
De acuerdo a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la determinación revocó la resolución dictada el 9 de enero cuando el Juzgado de Garantía de la ciudad, que declaró inadmisible la acción judicial de la municipalidad, aceptando así el recurso de apelación que interpuso en la sede judicial.
En la querella presentada por estafa por la casa edilicia que se consigna es contra “todo aquel que resulte responsable”, se hace mención de la serie de compromisos contractuales que suscribió la Unión Temporal de Proveedores (UTP) Piromax FX SPA y Pirotecnia SPA, con las cuales se acordó un pago por $358.643.919 -más impuestos- por el evento que resultó fallido y debió cancelarse por instrucción de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) por las condiciones de almacenaje de los fuegos artificiales.
Según sostiene el municipio de Valparaíso en su querella “los elementos pirotécnicos que el proveedor pretendía utilizar para la celebración de Año Nuevo en el mar en la comuna de Valparaíso, dolosamente y a sabiendas y sin informar oportunamente excedían el plazo de 2 años que otorgaba la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) del Ministerio de Defensa (Mindef) para su utilización”.
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Añade que “sin embargo, con fecha 29 de diciembre del año 2022, la DGMN, finalmente determinó no autorizar el uso de elementos pirotécnicos sometidos a recertificación por parte de la empresa, fracasando producto de la defraudación cometida por la empresa el espectáculo pirotécnico más importante de Chile, realizado desde hace décadas en la comuna de Valparaíso”.
Asimismo, se asegura que las empresas encargadas “sabe y conocía, con mucha anticipación” que la pirotecnia no cumplía con lo reglamentado por la DGMN “ocultando dicha información al municipio”.
Por lo mismo, desde Valparaíso afirman que la cancelación del espectáculo “ha conllevado una serie de consecuencias económicas perjudiciales, tanto para el municipio, como para para los diversos gremios vinculados al turismo de la comuna, los cuales se vieron afectados económicamente y consternados con la notificación de no realización del espectáculo”.
Entre las solicitudes de la presentación judicial, se busca que la Policía de Investigaciones (PDI) investigue las causas y posibles responsabilidades, “de manera urgente, existiendo claramente indicios que los posibles responsables puedan escapar del país”. Además de tomar declaración en calidad de testigo a todos quienes presenciaron o participaron en los hechos de la causa y que la DGMN remita todos los antecedentes vinculados al caso.
