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Constituyente Rojas Vade declaró ante la PDI como imputado por perjurio

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Por más de tres horas, el constituyente Rodrigo Rojas Vade declaró este jueves ante la PDI, en el marco de la investigación por el delito de perjurio en su declaración de patrimonio, donde aseguró tener una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que no padece.

Previo a su llegada al cuartel Borgoño de la PDI, su abogado Tomás Ramírez comentó que “él se va a referir a los hechos de la investigación, va a entregar una parte de los antecedentes y los otros antecedentes se los va a entregar directamente a Fiscalía”.

“Este es un paso importante en la investigación”, sostuvo el defensor, confirmando que Rojas participará en calidad de imputado, ya que “no hay otra alternativa a que declare en esa calidad, que es lo que corresponde, porque de otra manera no tendría los derechos a los que puede optar, entre ellos guardar silencio”.

“No es que la Fiscalía haya indicado que está imputado, sino que la investigación está dirigida en su contra, en esa calidad”, precisó.

Ramírez dijo que “lo he visto preocupado, ayer pude hablar con él personalmente. Lo vi preocupado por los efectos que esto ha tenido en muchas personas”.

“Él tiene un historial de ocho años, según los documentos que pudimos obtener de la Clínica Alemana y también de la Clínica Bupa (…) hay una serie de diagnósticos donde se va intentando determinar exactamente que tiene y después los últimos diagnósticos, respecto a los cuales yo no me puedo referir, son básicamente el púrpura y la enfermedad de Behcet”, puntualizó.

A la salida de la instancia, pasadas las 17.30 horas, el defensor insistió a la prensa que “Rodrigo Rojas efectivamente no entregó información real respecto de su diagnóstico y de su tratamiento; su diagnóstico y de su tratamiento son distintos a los que él información. Sin perjuicio de eso, esa conducta de entregar la información que él entregó en la declaración jurada ni siquiera es una falta administrativa si se le aplicara las normas propias de cualquier funcionario público”. 

“Desde ese punto de vista no tiene ningún sentido que sea perseguido penalmente una persona con una conducta que es irrelevante desde el punto de vista administrativo, ni siquiera para iniciar un procedimiento”, añadió el abogado. 

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