La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este martes a la carta enviada por Empresa Banmédica luego de que la aseguradora UnitedHealth Group, controladora de esa isapre y Vida Tres, en la que aludía al procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La molestia de las isapres se originó tras la dictación de sentencias por parte de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, que obligó a aplicar una nueva tabla y a restituir los cobros extra.
Al ser consultada sobre el tema, la ministra dijo que “sobre esto obviamente el Ministerio de Salud podrá referirse en mayor detalle, solo recordar que hay un fallo, de otro poder del Estado, y esos fallos se deben cumplir y tienen que ver con el modelo de negocios de las isapres, que ha sido efectivamente judicializado en algunos casos”.
“Eso tiene un fallo de otro poder del Estado que nos corresponde a nosotros cumplir, implementar y por el momento es todo lo que puedo decir, luego el Ministerio de Salud podrá pronunciarse en detalle sobre esa carta en particular”, recalcó la autoridad.
El senador Iván Flores (DC) comentó que “esto es como el mundo al revés. Las isapres han tenido utilidades por sobre los 500 mil millones de pesos en los últimos siete años, excepto los de pandemia; han tenido algunas pérdidas ahora en pandemia, pero para eso son”.
“Cuando hay vacas gordas, que guarden ahorros para cuando pudieran venir tiempos de vacas flacas. Ahora que algunas malas empresas, como esta Isapre, amenazan con quiebras o recurrir a instancias internacionales me parece que es una frescura. La ley tiene que cumplirse, la Corte Suprema ya emitió un pronunciamiento súper claro y las isapres solo tiene que cumplir”, precisó.
Posible escenario
Andrés Delgado, abogado especialista en derecho internacional de la Universidad Autónoma, detalló que en el caso de avanzar en el reclamo “este mecanismo constaría de dos fases, una primera fase de consultas y negociaciones donde el inversionista y el gobierno intentarían llegar a una solución o a otro acuerdo, es decir, el Gobierno de Chile y el inversionista conversarían para ver cómo pueden poner fin”.
“Si esta negociación no llega a buen puerto, el inversionista puede presentar una solicitud de arbitraje ante un centro de arbitraje internacional. La demanda del inversionista sería vista por un panel de tres árbitros, uno nombrado por Chile, otro por el inversionista y un tercero designado de común acuerdo”, indicó.
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