Rusia vetó el viernes una propuesta del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para extender durante un año las entregas de ayuda humanitaria desde Turquía al noroeste de Siria, programa que expira este domingo 10 de julio.
La resolución, que fue redactada por Irlanda y Noruega, recibió 13 votos a favor. Por su parte, Rusia votó en contra, mientras que China se abstuvo.
El representante adjunto de Rusia, Dimitri Polyanski, alegó que su “consideración primordial” era la de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Siria.
El representante chino ante la ONU, Zhang Jun, indicó que “se debe respetar plenamente el liderazgo del Gobierno sirio” y ha pedido que se continúe con la negociación para lograr un compromiso.
Por su parte, representantes de otros países, como la de Estados Unidos, han solicitado un programa específico para que las agencias tengan un “tiempo predecible” para planear operaciones humanitarias.
“Se trata de una cuestión de vida o muerte y, trágicamente, habrá personas que morirán por culpa de esta votación y del país que ha desplegado cínicamente el veto”, declaró la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ante el Consejo.
Thomas-Greefield hacía referencia a un segundo proyecto de resolución presentado por Rusia que pedía una renovación de seis meses.
No obstante, esta propuesta tampoco obtuvo los apoyos suficientes para ser adoptado: únicamente Rusia y China votaron a favor; Estados Unidos, Reino Unido y Francia votaron en contra, y los diez miembros no permanentes se abstuvieron.
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Se necesitan al menos nueve votos a favor y el veto de ninguno de los miembros permanentes -Rusia, China, EEUU, Gran Bretaña o Francia- para que se apruebe una resolución.
La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria ya señaló en mayo que se trataría de un “fracaso de primer orden” que el Consejo de Seguridad no ampliase el periodo de entregas de ayuda humanitaria.
La comisión ha incidido en que en un contexto en el que Siria se enfrenta a su “peor crisis económica y humanitaria desde el inicio del conflicto”, la comunidad internacional debe garantizar la asistencia al país y prolongar el compromiso actual.
Expertos advirtieron de que la interrupción de esta ayuda “socavaría los derechos de la población que depende del apoyo de la comunidad internacional”.
“La ayuda humanitaria no debe utilizarse como arma de guerra, y todas las partes interesadas deben dar prioridad a las necesidades de ayuda humanitaria de la población del país. La vida, la salud y la dignidad de una parte importante de la población dependen de la negociación de la futura resolución”, agregaron dichos expertos.
Naciones Unidas estima que 14,6 millones de sirios dependen de la asistencia humanitaria, mientras que unos doce millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda, una cifra que ha aumentado en un 51 por ciento desde el año 2019.
A lo largo de sus 11 años de investigación del conflicto, la Comisión ha documentado cómo las hostilidades han obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria en todo el país, y ha descubierto que tanto el Gobierno como los grupos armados han utilizado la ayuda humanitaria para la negociación política, llegando incluso a retenerla deliberadamente a poblaciones específicas, en concreto aquellas bajo asedio.
