La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) inició las diligencias ordenadas por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivanich, para indagar la amenaza anónima contra todos los integrantes del Poder Legislativo, que fue difundida el pasado sábado y que llegó a los correos institucionales de los parlamentarios.
En el mensaje intimidatorio se les exigía a los senadores y diputados evitar la continuidad del nuevo proceso constituyente, tras el rechazo a la propuesta el pasado 4 de septiembre, o sino serían visitados en sus domicilios, adjuntando una lista con las direcciones personales de cada legislador.
“Si debemos visitarles en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho de hacerlo”, dice la amenaza.
Según consigna el diario El Mercurio, parte de los senadores entregarán desde este martes su versión a la PDI, lo mismo que el secretario general de esa corporación, Raúl Guzmán, y los funcionarios informáticos del Congreso.
Adicionalmente, los policías realizarán otras diligencias, tanto algunas decretadas por la Fiscalía como las solicitadas en la denuncia del Senado, que no solo apunta a las amenazas, sino que también al delito informático.
En un documento enviado a la PDI se pide pesquisar el origen del mail dirigido a los congresistas, por lo que se requiere “que se obtengan las capturas del correo electrónico señalado, a objeto de identificar la IP del computador utilizado, georreferenciado y obtener la identidad de quien lo remitió, configurando así los delitos denunciados, más aún si consideramos que aún nos podemos encontrar en periodo de flagrancia”.
También se solicita “contactar al jefe del Departamento de Tecnología de la Información del Senado, señor P.A.C., a fin de que proporcione la información que la investigación requiera para su avance”.
