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Gobierno de Ecuador envía a 3.600 militares y policías a “garantizar seguridad” en cárceles

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Ecuador desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para “garantizar la seguridad” en esas instalaciones, anunció el viernes la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, tras un amotinamiento de presos que deja 118 muertos.

“El gobierno mantiene movilizados de manera permanente, diariamente en todos los centros penitenciarios del Ecuador a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo la funcionaria en rueda de prensa en Quito, agregando que la operación es para “garantizar la seguridad” en las prisiones.

La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil el martes, que deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.

En esa prisión, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales, se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.

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En un comunicado de su oficina en Quito, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó que “hace un llamado para que se asegure una investigación pronta e imparcial de los actos de violencia, y una gestión de la crisis conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, de prevención del delito y de justicia penal”.

Las Fuerzas Armadas señalaron por su parte que se “realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los Centros de Rehabilitación Social, empleando medios terrestres, fluviales y aéreos”.

En la rueda de prensa conjunta con Vela en la casa de gobierno, el director de prisiones, Bolívar Garzón, indicó a su vez que Ecuador planea otorgar indulto para unos 2.000 reclusos de más de 65 años y con enfermedades o discapacidades, además de repatriar a extranjeros con condena para que terminen de cumplirlas en su nación.

Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.

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