“Nueva Constitución y Política Constitucional”. Así se titula el nuevo libro del abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, que escribió en conjunto con la también abogada Enza Alvarado y que será lanzado el lunes 9 al mediodía. La cita, que será virtual, contará con los comentarios del vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa y la convencional Constanza Hube.
El texto hace un repaso por varios temas de la discusión constitucional como por ejemplo el origen del proceso, el problema de las expectativas de la nueva Constitución, la discusión entre constituciones minimalistas y maximalistas y propuestas para los debates que tendrá la Convención como los derechos sociales y el régimen político, entre otros. En esta entrevista, Zúñiga (PS) comenta alguno de esos temas y da sus impresiones del primer mes de trabajo de la Convención.
Uno de los capítulos del libro se titula “Una nueva Constitución originaria, democrática para refundar el orden político e institucional”. ¿Cree que la nueva Constitución debe ser refundacional y en qué sentido?
Este es un postulado central del libro. La nueva Constitución debe refundar el orden político democrático. Pero es un planteamiento que espero coincidan los dos tercios de la Convención en esa orientación. Creo que así va a ocurrir pero esto se sostiene por una metáfora. La metáfora acuñada por el expresidente Ricardo Lagos: la de la hoja en blanco. Y que no es partir de cero. La hoja en blanco es pensar, deliberar y acordar una Constitución nueva sin pretexto, sin previo texto, sin poder de bloqueo. Una nueva Constitución que no le pueda dar la espalda al pasado pero que debe darle la espalda a la Constitución de 1980. Aquí quiero hacer una inflexión, la Constitución de 1980 fue dictada por un poder constituyente en dictadura de espaldas a la tradición constitucional de orientación liberal democrática y socialista. Por lo tanto la Constitución de 1980 no es parte de la tradición constitucional y en el planteamiento nuestro es clave resignificar la Constitución de 1980 como un decreto de ley fundamental de la dictadura.
Desde sectores de la centroderecha se ha insistido con el punto de que esta Constitución, con todas las reformas que ha tenido, ya no es la Carta Magna de la dictadura sino que de la Concertación. ¿Cómo se toma esa argumentación?
Esa es una argumentación falaz. La Constitución de 1980 suma más de 60 reformas constitucionales, la primera de 1989, aún en dictadura y a pesar de las reformas, el número, es la Constitución más reformadas de la historia de Chile pero esa es una apreciación puramente cuantitativa no cualitativa. La Constitución de 1980 conserva su ADN autoritario y neoliberal porque las reformas constitucionales introducidas, en particular la de 2005, la más importante, son reformas constitucionales hechas en clave de un poder de bloqueo o veto que la oposición siempre tuvo y por lo tanto las reformas fueron la medida de lo que la oposición permitió. Y el grueso de la Constitución neoliberal autoritaria no se modificó.
Hoy la derecha no alcanzó el tercio que se esperaba y algunos constituyentes de ese sector se están dando cuenta que no se pueden atrincherar. ¿Le preocupa que la nueva Constitución, por la composición política que tiene la Convención, no sea vista como un texto transversal?
La legitimidad de la Constitución no solo descansa en los votos, también descansa en el diálogo, en el compromiso, en el pacto y desde ese punto de vista es clave que la derecha esté no sólo representada en la Convención sino que tenga voz y capacidad de articulación, negociación, compromiso y diálogo. Sin embargo, lo que observo con cierta preocupación es que hay un problema de sicología social, de disonancia cognitiva. Los convencionales de Chile Vamos más ruidosos fueron las caras visibles de la campaña del Rechazo. Entonces, es complejo hacer política, que es acción colectiva, cuando perteneces proceso constituyente en el que no crees y en el que más aún postulaste su rechazo para mantener el orden constitucional vigente.
¿Y cómo cree que se sale de eso?
De dos maneras. O aferrarte a la negación e intentar bombardear y torpedear el proceso o sumarte al proceso. Espero que Chile Vamos se sume al proceso y que cierre de algún modo esta diferencia al interior de del bloque sobre la manera de enfrentar el proceso. Creo que ellos tienen que hacer su duelo y entender que este proceso está abierto que desemboca en una nueva Constitución, en la derogación orgánica de la Constitución de la dictadura. Ellos tienen que ser parte de este proceso porque la Constitución descansa en definitiva en el concurso de todas las visiones políticas existentes sea para consignar consensos o disensos.
Otro punto del libro es el tema de las expectativas que trae un nuevo texto constitucional. ¿Cree que se están manejando bien esas expectativas sobre lo que realmente puede hacer una nueva Constitución?
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Siempre hay riesgo de un fetichismo de creer que los problemas de Chile se resuelven por arte de magia con una nueva Constitución. Creo que ese riesgo existe pero es un riesgo menor porque Chile es un país maduro. Su ciudadanía está consciente de que la nueva Constitución es un arreglo político institucional que sienta las bases del futuro pero que eso está por hacerse. Y por eso en el libro nosotros sostenemos que hay un segundo momento clave en esta institucionalización del nuevo orden político y es lo que denominamos “el día después de mañana”.
¿A qué se refiere?
Se refiere a septiembre de 2022, fecha probable en la que vamos a contar con un texto de nueva Constitución que va a derogar orgánicamente a la Constitución heredada de la dictadura. A esa fecha, los poderes públicos y el país, van a estar desafiados a poner en acción esa Constitución y no poner en acción dictando leyes complementarias e instalando los poderes públicos, sino que un conjunto de metas asignadas al Estado como es la provisión de bienes públicos en materia de seguridad social, de salud pública, de educación pública, de vivienda, de medioambiente. Son bienes públicos que requieren un compromiso de poderes públicos de largo aliento y estrategias que pueden tener un horizonte temporal de 10, 20 o 30 años entendiendo que las políticas públicas vinculadas a esos bienes son incrementales y graduales y que tienen que atender también la responsabilidad fiscal.
Probablemente habrán más derechos en la nueva Constitución y que eso tendrá que traer una adecuación fiscal. ¿Le preocupa ese tema sobre lo que puede pasar en el nuevo texto?
En el libro nosotros planteamos que para el día después de mañana, septiembre de 2022, se va a requerir de una nuevo pacto político. Un nuevo acuerdo amplio que fije las bases, con un itinerario de largo plazo para hacer posible, no solo instalar la nueva institucionalidad, sino que la cobertura y garantía efectiva de los nuevos derechos. Y eso va a requerir de la clase política, de los partidos, de los poderes constituidos, en general, de mucha responsabilidad política.
Otro tema que se aborda es la extensión del texto constitucional. Y ahí se expone que esta discusión sobre si es una Constitución minimalista o maximalista es una dicotomía falsa. ¿A qué se refiere?
A mi juicio esa dicotomía entre minimalista y maximalista en materia constitucional es una falsa discusión, un poco angloamericana. Algunos colegas a nivel local que miran con buenos ojos la Constitución de Filadelfia de 1787 olvidan que cada Estado de la unión tiene una Constitución, algunas muy frondosas. Entonces, es una falsa discusión. Los países tienen las constituciones que deciden tener, punto. El éxito o futuro de una Constitución no se juega en la extensión de ésta. Lo que sí es gravitante en la discusión en el desarrollo de la Constitución es el campo que tiene la política en el desarrollo de la Constitución, en particular de los derechos y ahí nuestra visión -digo nuestra porque es una visión compartida con muchos juristas de centroizquierda- es que no puede haber control judicial de políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ni del tribunal o corte constitucional ni de los tribunales superiores. Esas son decisiones de política, son decisiones de gobierno, de administraciones públicas, del Congreso nacional que le imprime la velocidad a la cobertura de bienes públicos.
¿Cómo evalúa el primer mes de funcionamiento de la Convención?
Un par de elementos de contexto que son relevantes. Primero, la Convención está conformada desde el punto de vista social por personas proveniente de diversos sectores de la ciudad. Me atrevo a decir que es una Convención plebeya, no elitista. En eso estriba una tremenda ventaja para abordar la tarea de una nueva Constitución. Difícilmente vamos a encontrar una Convención que sea un fiel reflejo de lo que la sociedad es. Por lo tanto, el primer elemento de contexto es la diversidad, el carácter no elitista de esta convención. Y en consecuencia, esta es una convención que no está conformada por políticos profesionales, ni incumbentes en el proceso político que vivimos.
Tiene lógicas distintas a las que habíamos visto en órganos de representación popular…
Tiene una dinámica de funcionamiento muy distinta al Congreso y esto que se pudo ver al comienzo. Se quiso decir que había como un cierto desorden que no es tal. Es un proceso de acomodamiento a un estilo de trabajo que se ha ido decantando y en este mes de funcionamiento han cumplido hitos muy importantes: han elegido presidenta y vicepresidente, han instalado una mesa sumando siete presidencias adicionales que reflejan el arco de diversidad de la convención incluido Chile Vamos. Han aprobado normas reglamentarias para hacer funcionar sus comisiones relativas a organización y funcionamiento, tanto como es la de ética, la de reglamento, la de administración y presupuesto. Han designado un comité externo de asignaciones y hoy la presidenta de la Convención puede decir con mucha tranquilidad que en el mes de septiembre va a iniciar su trabajo constitucional programático porque para esa fecha se habrían fijado las reglas básicas para funcionar. Desde ese punto de vista creo que la presidenta Elisa Loncon y Jaime Bassa han hecho una gran labor en la testera de la Convención, a pesar de alguna dificultad inicial instalada por el gobierno que fue el reflejo de una cierta inoperancia de funcionarios públicos a la hora de facilitar el proceso.
