Un llamado a construir consensos amplios sobre la importancia de la sostenibilidad y responsabilidad de las cuentas públicas realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), debido a la preocupante situación en la que éstas se encuentran.
En su informe trimestral, el CFA advirtió que las proyecciones a mediano plazo siguen mostrando un estrés fiscal. Pese a que estima que la deuda bruta se mantendría por debajo del nivel recomendado del 45%, proyecta un aumento de la deuda neta y holguras muy acotadas para el periodo 2025-2028.
Es preocupante que el balance estructural haya pasado de un superávit de 0,2% en 2022 a un déficit de 2,6% del PIB en 2023. Este deterioro en las cuentas públicas es un buen reflejo de las luces de alerta que encendió el organismo autónomo para referirse a la situación fiscal actual.
Otro elemento complejo señalado en el informe es que, si bien en 2023 el gasto fiscal “estuvo en línea con lo presupuestado en cuanto a su nivel total, hubo un cambio en su composición, con sobre ejecución de gastos en personal y subejecución de inversiones”. En opinión del CFA esto “podría implicar mayores presiones de erogaciones permanentes hacia el futuro, a la vez que, de mantenerse, podría tener efectos negativos sobre el crecimiento potencial de la economía”.
Frente a esta realidad es innegable la necesidad de detener las promesas que exijan gastos permanentes o, en caso contrario, buscar fuentes de ingresos permanentes, pero cuidando de no afectar la inversión y el necesario crecimiento económico. El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en reformas que profundizan la norma antielusión y otra iniciativa próxima a ser ingresada a tramitación legislativa que busca seguir aumentando los impuestos. Sin embargo, en contraste con ello, el esfuerzo que ha hecho en materia de una mayor eficiencia del gasto público es débil. Del informe se desprende incluso que la administración pública ha seguido aumentando su dotación, lo que no sólo representa un mayor gasto sino que tiene potenciales efectos negativos sobre los niveles de eficiencia.
Las empresas y las personas -en los tramos que están afectos- ya soportan altas cargas tributarias comparadas con la OCDE. Esta realidad no puede ser soslayada al momento de intentar equilibrar las finanzas públicas.
Es urgente, por ello, que el Estado emprenda una agenda modernizadora que tenga como ejes la incorporación de nuevas tecnologías, reducir la dotación pública, mayor control de los desembolsos de gasto fiscal -para evitar escándalos como el caso de las fundaciones- y la eliminación de programas mal evaluados, haciendo más eficiente la gestión de los recursos públicos.
Seguir aumentando la carga fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas puede tener efectos adicionales sobre los niveles de inversión y sobre la capacidad de crecimiento que muestre la economía chilena y, por lo tanto, seguir amplificando las necesidades sociales que requieren ser financiadas. Varios países de América Latina ya han transitado por esta experiencia con resultados desoladores.
