Después de intensas negociaciones, el miércoles por la noche fue aprobada la ley corta de isapres por la comisión mixta, que tiene por objetivo darle una salida a la crisis de las aseguradoras.
El despacho de la norma para su votación en ambas salas se terminó de destrabar luego de que el Ejecutivo ingresara nuevas indicaciones, accediendo a ciertos requerimientos de la oposición, que a su vez también había cedido en puntos críticos, como no insistir con una fórmula que recalculara la deuda. ¿A cambio? Se congeló el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) por tres años y se amplió el plazo para saldar el total de la deuda de 10 a 13 años. Antes, además, se había acordado un reajuste extraordinario del 10% en los planes, mismos que, sin excepción, no podrán costar menos del 7% de la cotización de cada persona.
Y mientras se está a la espera de que tanto el Senado como la Cámara de Diputados vote el proyecto el lunes, desde ya algunos expertos concuerdan en que efectivamente la norma, tal como está, le da una salida a la crisis, aunque miran con detención ciertos aspectos específicos, como el propio ICSA o el plazo para pagar. Pero también a las ventanas que podría abrir la ley, como el éxodo de los usuarios jóvenes de las isapres a Fonasa, lo que igualmente haría tambalear a la industria.
Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud de Sebastian Piñera, asegura que el despacho de la norma se trata de un “éxito aparente del gobierno, ya que al trasladar el costo de la solución a los afiliados, los jóvenes y sanos se retirarán de las isapres y se irán a Fonasa, y aumentarán la carga del riesgo, su costo y precio, que llevará a la quiebra de algunas en el mediano plazo”.
En tal sentido, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello y exsuperintendente de Salud del gobierno de Aylwin, cree que lo primero que hay que evaluar es cuál será el impacto de las alzas de precio “en la fuga de cartera de jóvenes y sanos de las isapres, lo que sí tendría un efecto muy importante en el equilibrio de las instituciones principalmente en aquellas en que la diferencia entre sus actuales tablas de riesgo y la que se va a aplicar supera el 20% de la facturación.
En esa línea, desde las entrañas del gobierno reconocen cierto grado de incertidumbre porque las alzas de planes van a significar indefectiblemente un traslado de los afiliados a Fonasa. Y que sólo resta esperar en qué magnitud esto se dé.
Pero ¿salvará esta fórmula a las isapres? Para Emilio Santelices, integrante del comité Ejecutivo de CIPS-UDD y exministro de Salud de Sebastián Piñera, cree que la ley, así como está, “sirve para recuperar la certeza y terminar con la incertidumbre para los usuarios, particularmente para las personas que hoy día están con patologías y lo que queda es que a continuación se avance en una reforma estructural que permita dar estabilidad permanente al sistema de financiamiento de la salud privada”.
En una línea similar, aunque insiste en el concepto de “éxito aparente”, el exsuperintendente Inostroza sí valora que el proyecto “desarticula una crisis en ciernes sin ceder en lo fundamental (para el gobierno) que era crear la MCC, el primer paso de un seguro único estatal”.
Esa mirada de darle estabilidad al sistema, de hecho, es lo que más destacan dentro del Ejecutivo.
Como se ha dicho, la comisión mixta acordó prescindir durante los próximos tres años de los mecanismos que moderan sus precios, congelando el ICSA, lo que provocaría alzas superiores a las de años anteriores. Este es, quizás, uno de los puntos más divergentes de la normativa, con voces críticas.
Incluso voces oficialistas advierten que la fórmula de cálculo extraordinaria que supondrá el ICSA implica ajustes por los siguientes tres años que serán mayores a lo esperado, con algunos calculando que bajo esta fórmula puede haber alza de los planes de hasta 30 mil pesos. Y que eso no es poco y podría también contribuir a la fuga. Pero dentro del mismo gobierno también hay otras miradas, unas menos especulativas que apuntan a que aún no es posible saber de cuánto serán esas alzas porque el ICSA es un tope máximo, que no necesariamente será lo definitivo.
Como sea, lo cierto es que Osvaldo Artaza, exministro de Salud de Ricardo Lagos y hoy decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la U. de Las Américas, lo primero que señala al respecto es que el ICSA fue concordado para darle sostenibilidad al sistema, y que “va a ser criticado por la oposición por insuficiente y por sectores del oficialismo como un ‘perdonazo’, pero dado el difícil contexto político técnico existente definitivamente no había espacio para otras posibilidades”.
En esa misma línea, Emilio Santelices afirma que lo que se hizo manteniendo el indicador por tres años “es ajustar adecuadamente el alza de precios”.
Héctor Sánchez asevera por su parte que la extensión del actual modelo de cálculo del ICSA tiene por objetivo aliviar la caja de las isapres, pero que esto tendrá efectos “en la selección adversa de la cartera de los afiliados”. A pesar de todo, dice que se debe tener presente que el gran objetivo político del gobierno para avanzar en su reforma de un seguro único estatal de salud era la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), “y la oposición gratuitamente se lo concedió, lo que en sí podría significar el inicio de un cambio de modelo de salud para Chile”.
El exsuperintendente Inostroza, en tanto, asegura que con los mecanismos que se incluyeron en el proyecto de ley, dentro de los que se incluye el ICSA, se logra ajustar “en parte el desequilibrio financiero que implican los fallos”.
Así, por ejemplo, Sánchez indica que el aumento del plazo “no será determinante en el destino de una industria que asume un pasivo de US$ 1.300 millones y ha tenido en un muy buen año, con utilidades”.
En tal sentido, Emilio Santelices repara en que el gobierno no haya recogido el informe original que a su juicio hacía un cálculo técnico correcto de la deuda, “lo que derivó en que tuvieran que tomarse medidas complementarias alternativas, una de las cuales era la extensión del plazo”. Por lo tanto, dice que el análisis hay que hacerlo en conjunto, ya que cada uno por separado “no lograba el propósito por el cual se envió esta ley, que era establecer el equilibrio financiero y cumplir con los fallos”.
Por su parte, Artaza asegura que cualquier evaluación también debe contemplar el escaso espacio que dejaba el fallo de la Corte Suprema. “Rebajar el monto de la deuda no tenía viabilidad política, al tiempo que las isapres no están dispuestas a capitalizar para pagar la deuda, una suerte de “zapato chino” que no dejaba opciones, salvo las concordadas por la comisión mixta”. Y añade sobre el techo del 10% de la prima que “es una forma de limitar el efecto” del fallo, considerándolo como “un elemento positivo”.
Mientras, el presidente del IPSUSS, Universidad San Sebastián y exministro de Salud en Piñera II, Enrique Paris, ve con preocupación incluso el tope del 10%: “No se acogió el tema de la mutualización y tampoco la propuesta FEN. Y el resultado final es, por un lado, un aumento de los planes de salud, que tiene un tope del 10%, un aumento enorme para mucha gente”. Y añade: “Imagínese una persona que está pagando 400 mil pesos de ISAPRE, un aumento del 10% son 40 mil pesos más al mes”.
“Es como de lógica mínima en la aplicación del fallo que la adecuación de los planes coincida con el ajuste de los planes, ya que se evita una ventana que podría ser de varios meses en que la brecha ingresos versus costos podría afectar la caja aún más”, cierra Sánchez.
