La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informó a Chile que no inciará un exámen preliminar en el marco de las denuncias interpuestas a raíz de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.
La resolución se realizó luego de que la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltazar Garzón y la organización italiana CRED presentaran ante el fiscal general de la CPI una solitud de investigación contra el Estado de Chile, el Presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; lo ex ministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el ex general director de Carabineros Mario Rozas y el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
El argumento de la querella señalaba que en Chile las violaciones a los DD.HH. eran “fraudulentamente calificados como delitos comunes“, con el fin de “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte de Penal Internacional” para “favorecer su posterior impunidad“.
Según consignó El Mercurio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “después de evaluar todos los antecedentes disponibles, (la CPI) descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”, cerró.
En una actividad en la Escuela de Carabineros en Providencia por las reformas que se están llevando a cabo en la institución, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que tras remitir los antecedentes de lo ocurrido, “la decisión es justamente de no iniciar esta investigación”, la que, según él, “confirma que las instituciones en nuestro país funcionan”.
La autoridad reiteró que la determinación se debe a que el organismo no tiene las competencias “para investigar conductas que pudieran haber ocurrido en Chile, porque esas conductas no son de aquellas constitutivas de delitos de lesa humanidad“.
En tanto, el vocero de Gobierno Jaime Bellolio, explicó que esta resolución “confirma lo que hemos dicho durante todo este tiempo: aquí no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos. Queda ratificado por la corte más importante en esta materia”.
“Cuando la corte recibe una denuncia tiene como distintas etapas y en la primera etapa, cuando recibe una denuncia, evalúa si es que va a hacer un examen preliminar o no y en este caso lo descarta… Porque no hay antecedentes que configuren ese examen preliminar en términos de esas violaciones a los DD.HH. como que fueron una política de Estado“, señaló la autoridad de Gobierno.
“Eso nos deja con la tranquilidad de que es algo que dijimos siempre“, cerró.
VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR PIDEN RESPUESTAS
La vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, anunció que iniciarán acciones para presionar en torno a sus casos.
“Muy decepcionante (la resolución)… Con mucha pena, con mucha rabia. Nosotros teníamos esperanzas en la justicia internacional; que fuera de nuestras fronteras pudiésemos tener verdad y justicia porque acá llevamos años desde el estallido social esperando que la justicia opere de forma efectiva y la verdad es que no ha sido así“, lamentó Valdés.
“Hemos tenido retrasos en los casos habiendo carabineros claros y señalados los responsables (…) Aquí la Justicia no opera para todos de la misma forma“, fustigó.
