El caso por supuestos crímenes de lesa humanidad que investiga la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivanich, se mueve por distintas aristas para lograr destrabar la principal interrogante de la investigación: saber si las autoridades de gobierno y el alto mando de Carabineros cometieron delito ligados al quebrantamiento de los derechos humanos durante el estallido social.
El caso tiene su origen en febrero de este año cuando comenzaron a derivarse al Ministerio Público todas las querellas que invocaban los artículos penales de los crímenes de lesa humanidad. En total, fueron más de 20 las acciones penales que ingresaron a los distintos tribunales de justicia del país, en que se apuntaba hacia el Presidente Sebastián Piñera, los exministro de Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas.
Debido a la magnitud de la causa, el fiscal nacional, Jorge Abbott, nombró a la fiscal Perivanich a cargo del caso, quien ya ha decretado una serie de diligencias. En ese sentido, ya han declarado el general director Mario Rozas, los exministros Blumel y Chadwick, entre oras autoridades. Pero no todo son declaraciones.
Las diligencias incorporan desde la solicitud de información sobre los protocolos del uso de la fuerza de Carabineros, hasta las comunicaciones por correo entre el Ministerio del Interior y la institución uniformada, entre octubre de 2019 y marzo de este año. La fiscal pide y recibe la información solicitada, pero no siempre es así.
Por ejemplo, el 1 de octubre pidió al intendente regional metropolitano, Felipe Guevara, una serie de estadística respecto de las movilizaciones, sin embargo, el jefe regional en seis de las siete solicitudes respondió: “No tengo se cuenta con esa información”.
La fiscal pidió: Cifras respecto a número de personas asistentes a movilizaciones públicas desarrolladas a partir del 18 de octubre de 2019; Guevara replicó “no se cuenta con esta información”. El intendente entregó la misma respuesta para los requerimientos de información de “eventos que fueron calificados como movilizaciones públicas a patios del 18 de octubre de 2019, indicando fecha y lugar”; “criterios para determinar el número de personas asistentes a las movilizaciones”; “cifras respecto al número de personas asistentes a manifestación ocurrida el viernes 25 de octubre del 2019, en el sector de Plaza Baquedano, Región Metropolitana”; “cifras respecto al número de personas asistentes a manifestación ocurrida el viernes 8 de noviembre de 2019, en el sector de Plaza Baquedano”; y “cifras respecto al número de personas asistentes a manifestación ocurrida el viernes 15 de noviembre de 2019 en el sector de Plaza Baquedano, Región Metropolitana”.
En cuanto a “las cifras respecto al número de personas asistentes a manifestación ocurrida el martes 26 de noviembre de 2019 en san bernardo”, Guevara respondió que no contaba con la información, pues “el lugar señalado es de competencia de la gobernación provincial de Maipo”. Respecto del punto en que sí accedió a la solicitud, que fue respecto de los “eventos que fueron calificados como movilizaciones públicas a patios del 18 de octubre de 2019, indicando fecha y lugar”, adjuntó el link de Transparencia de la Intendencia donde estaba esa información.
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Al final de su respuesta, el intendente señaló que “cabe señalar también que desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 28 de mismo mes, se declaró estado de emergencia, en donde la facultad para autorizar manifestaciones públicas estaba radicado en el jefe de la Defensa Nacional”.
En su batería de solicitudes, la fiscal Perivanich también pidió la agenda de Presidente Sebastián Piñera. La persecutora solicitó “la agenda del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, con indicaciones de las reuniones que sostuvo en calidad de tal desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, y que hayan versado sobre materias de seguridad pública y/o derechos humanos, con señalamiento del día, hora y lugar de su realización, los partícipes de las mismas y materias específicas que se trataron dentro del ámbito ya señalado”.
Consultado el abogado de Piñera, Samuel Donoso, sobre si el Presidente entregó su agenda, sostuvo que “tengo secreto profesional”. Sin embargo, desde Presidencia señalaron que sí se accedió a la solicitud de la fiscal, entregando la agenda del Mandatario, haciendo la salvedad de que era información pública y disponible en el sitio web de Presidencia.
Además, al fiscal hizo un extenso requerimiento de información al Ministerio del Interior, con una serie de puntos, solicitando las acciones que se tomaron para avanzar en materia de derechos humanos, protocolos policiales y las comunicaciones con Carabineros.
En uno de estos apartados, la investigadora pidió las “copias de las actas, transcripciones y todo antecedentes relativo a reuniones que se hayan realizado por autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública donde se hayan tratado materias vinculadas con violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado en contra de la población civil en contexto de las movilizaciones sociales desarrolladas en el país desde el 18 de octubre del año 2019 hasta la fecha”.
Y, además, pidió que se le informara sobre “las medidas concretas” que el Ministerio del Interior tomo para “impedir de forma inmediata que se cometieran violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado en contra de la población civil en el contexto de las movilizaciones sociales desarrolladas en el país desde el 18 de octubre del año 2019 hasta la fecha”.
