Esta semana conocimos el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absuelve a todos los imputados y condenados por el juez Madrid en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, representante de una derecha indolente, aprovechó la oportunidad para victimizar a los médicos implicados, dando vuelta las lógicas del caso y dejando a los deudos sin respuestas, sin verdad, sin justicia, sin reparación.
Hace casi 40 años que Frei Montalva fue asesinado. Este caso, emblemático y doloroso, es solo la punta de un iceberg. Miles de familias en Chile siguen esperando respuestas, verdad y justicia por otros tantos casos ocurridos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. La justicia es un acto de reparación que atañe a quienes han sufrido directamente una vejación, pero también repercute en nuestra sociedad, en su conjunto. Como dice el filósofo y antropólogo Paul Ricoeur, “más importante que el castigo –e incluso que la reparación– sigue siendo la voz de la justicia, que establece públicamente las responsabilidades de los protagonistas y designa los lugares respectivos del agresor y de la víctima en una justa distancia”. Esa justa distancia es una condición para la reconciliación, para superar polarizaciones y heridas de nuestra memoria colectiva.
Esta es una lección que no hemos aprendido y a la que se siguen sumando nuevas heridas, ahora en democracia: Álex Lemún, Matías Catrileo y Camilo Catrillanca durante años de relativa “paz”. Luego del estallido social de octubre de 2019, cientos de chilenos y chilenas sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales, en la mayoría de los casos solo por ejercer su legítimo derecho a la protesta social. Por nombrar algunos: Geraldine Alvarado, Fabiola Campillai, Óscar Pérez, Anthony Araya, Gustavo Gatica, hay tantos y tantas más.
Recientemente vimos la entrevista de Mónica González a Gustavo Gatica, quien dijo que “no puede ser que alguien te dispare y no pase nada” . Ese es el mensaje que hoy cientos de compatriotas y sus familias están recibiendo del Estado de Chile: lentos avances en verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. Sin garantías de no repetición.
Estamos a enero del 2021 y aún hay detenidos del estallido que siguen privados de libertad en las cárceles hacinadas de Chile o en sus hogares, en la mayoría de los casos sin condenas, con una extensión injustificada de las medidas cautelares, con sesgo de clase social (mano dura para los pobres y excluidos), mientras tanto delincuentes de cuello y corbata gozan de impunidad y privilegios (justicia distinta para ricos y poderosos).
Como senador y presidente de la comisión de DDHH del Senado, junto a otros senadores de oposición, presentamos un proyecto de ley para indultar a los presos y presas de la revuelta, habiendo atendido las circunstancias en que ocurrieron los hechos y conociendo la evidente deficiencia probatoria en un número significativo de casos (donde ya han recibido castigos por parte del Estado, con torturas y malos tratos, cárcel por largo período, vulneraciones al debido proceso, etc.) No se trata, pues, de rehuir la justicia, se trata de reconocer la necesidad de interlocución de las instituciones con la ciudadanía para abordar los conflictos abiertos de la sociedad.
Si hoy somos capaces de responder a esa necesidad y reconstruir vínculos, estaremos sanando heridas en la sociedad que pueden seguir sangrando por décadas y provocando más grietas. Verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición es el camino.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
<!– Descargar documento anexo de esta noticia –>
