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Qué se sabe sobre los dos militares del Ejército colombiano que fueron ascendidos pese a estar investigados por ‘falsos positivos’

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La polémica promoción ya había sido objetada por algunos miembros del Senado y por un informe de Human Rights Watch.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ascendió a un grupo de miembros del Ejército entre los que figuran dos militares que tiene investigaciones abiertas por la Fiscalía de ese país por su presunta relación con ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’. 

En un acto realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, fueron promovidos al grado de mayor general los brigadieres generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quienes estarían implicados en ejecuciones extrajudiciales, según la ONG Human Rights Watch (HRW).

En su discurso, Duque afirmó que la seguridad era “un valor democrático” que “garantiza el pleno ejercicio de las libertades”, y agregó que su país honraba y se sentía orgulloso del grado otorgado a los uniformados para avanzar en su carrera militar.

En este acto se ascendieron a siete mayores generales, nueve brigadieres generales y 259 subtenientes. Previamente, como corresponde según la Ley, el Senado consintió las promociones de los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia.

Debate y aprobación en el Senado

El pasado viernes, en una sesión con varias voces en contra, la plenaria aprobó el ascenso de 16 miembros de la Policía, 19 del Ejército, seis de la Armada Nacional y cinco integrantes la Fuerza Aérea Colombiana. En ese grupo estaban Pinto Lizarazo y Rodríguez Sánchez.

En el ala de quienes dieron el visto bueno a las promociones se ubicó el senador Jorge Eliécer Guevara, del centrista partido Alianza Verde, quien aseguró que no había “ninguna imputación contra ninguno de los altos militares” y que él votaba a favor basándose en la presunción de inocencia.

Una opinión similar fue expresada por José Luis Pérez, del partido liberal Cambio Radical, que consideró que no se podía generalizar “y poner a juicio toda una institución”.

Sin embargo, un grupo de congresistas se manifestó en desacuerdo y expuso sus razones para no votar a favor de los ascensos.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, criticó que algunos miembros de la Fuerza Pública “han sido denunciados por presuntamente haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción”.

En la misma línea se pronunció Carlos Lozada, excomandante guerrillero y senador  del partido Fuerza Alternativa del Común (FARC), quien manifestó que “la prolongación y existencia del conflicto armado ha dado un papel protagónico a las Fuerzas Armadas”.

Estos argumentos, sin embargo, fueron rechazados por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. “Los oficiales cuyas hojas de vida han sido puestas a consideración cumplen con los requisitos consagrados en la Constitución, la Ley y las normas vigentes”, dijo durante su intervención.

Según Holmes, el Gobierno está “comprometido” con la “promoción, respeto y protección de los derechos humanos” y apoya “sin vacilación ni ambigüedades a la Fuerza Pública”.

¿Qué dice el Informe de Human Rights Watch? 

En febrero del año pasado, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe donde se aseguraba que Colombia nombró “en puestos clave del Ejército” a unos nueve generales “contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos”.

Según sus investigaciones, los “patrones” en los casos de ‘falsos positivos’ (asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado) “sugieren” que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuyen las ejecuciones “sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios“.

En el texto se agrega que, conforme al Derecho Internacional, los comandantes son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad “que ordenen o cometan en forma directa” y deben ser penalizados por no adoptar las medidas necesarias para evitar o castigar los delitos cometidos por sus subalternos.

En el caso de Pinto Lizarazo, el documento señala lo siguiente:

  • Entre octubre de 2006 y abril de 2007 fue comandante del batallón Anastasio Girardot, que es investigado por la Fiscalía por 23 presuntos asesinatos de civiles cometidos por algunos de sus miembros.
  • Entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009 estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada, que también tiene una investigación abierta en Fiscalía por “18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón“.
  • Está relacionado con el supuesto pago de 770 dólares a un informante que proporcionó datos sobre el campesino Ever Urquina Rojas, ultimado y presentado como “enemigo muerto en combate”. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que el informante no dijo nada sobre la víctima.
  • El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó a Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. El caso sigue abierto y sin avances desde 2015.

Con respecto a Rodríguez Sánchez, la organización adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) destaca:

  • Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. La justicia ha abierto investigaciones por 22 presuntos homicidios cometidos por algunos de sus miembros.

Los cuerpos de seguridad, en el ojo público

Esta nueva polémica se suma a la de 2019, cuando el Senado también aprobó el ascenso del comandante en jefe, Nicacio Martínez, pese al escándalo por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas cuando estaba al mando de una brigada entre 2004 y 2006.

Los promociones militares de este año se dan en un contexto convulso para los cuerpos de seguridad colombianos que han estado en el ojo público debido a un cúmulo de denuncias, investigaciones abiertas y destituciones por acciones en las que ha habido presunto uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, violaciones a los derechos humanos, escuchas ilegales, abuso sexual contra menores de comunidades indígenas y corrupción.

Nathali Gómez

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