Digámoslo claramente. A diez semanas de la primera elección de gobernadores regionales en Chile estamos peligrosamente atrasados. Sin embargo, no es el momento de acusaciones respecto de quienes son los responsables. Ya existirá el momento e instancia adecuada para ese análisis. Ahora es el momento de actuar responsablemente en un escenario de cooperación social.
¿Por qué es clave para el país abordar con urgencia la elección de gobernadores regionales? En lo económico, porque una mala o atrasada ejecución puede poner en jaque la recuperación económica de corto plazo y la construcción de un modelo de desarrollo más inclusivo, de largo plazo. En lo político, porque puede impedir la profundización de la democracia regional y dar lugar a caudillismos y conflictos con las instancias nacionales y municipales. En lo social, porque puede frustrar las expectativas de mejor calidad de vida de las comunidades regionales e incrementar las divergencias territoriales. Como ha mostrado recientemente Latinobarómetro 2021 los chilenos demandan una mejor democracia y las bases para un mejor desarrollo y calidad de vida.
En consecuencia, Chile como un todo, y las comunidades regionales en particular, se merecen una buena, oportuna y coordinada ejecución del proceso de descentralización. Y la triste constatación es que eso no está sucediendo hasta ahora en la magnitud que la tarea exige.
Ello se deriva de que , a pesar de las promesas del actual Presidente de la República, el proceso vivió un profundo letargo y retrocesos durante los 19 meses de la gestión de Felipe Salaberry. A partir de allí se suceden otros dos subsecretarios (Claudio Alvarado, 7 meses y Juan Manuel Masferrer, 5 meses), hasta la actual Subsecretaria María Paz Troncoso, quién ejercía desde 2018 como Jefa de la División de Desarrollo Regional. Así, la nueva Subsecretaria, que, a diferencia de sus antecesores, posee un perfil más técnico y mayor convicción descentralizadora, hereda un problema complejo: asegurar que el proceso que surja de la elección de gobernadores regionales tenga un cauce armonioso y un resultado exitoso, a pesar de las secuelas de la pandemia y del estallido social y de cara a un proceso de cambio institucional mayor como es la nueva Constitución.
Ello queda claro en la reciente publicación de SUBDERE (María Paz Troncoso, “Responsabilidad para subirse a la descentralización“) que ilustra con claridad los enormes desafíos en materia de capacidades regionales y necesidades de gobernanza territorial, basada en la cooperación del Ejecutivo nacional y regional con los distintos grupos de interés involucrados (académicos, especialistas, sociedad civil, municipios, gremios y entidades empresariales, etc.), y especialmente las comunidades regionales (incluyendo las locales).
Ese llamado a la colaboración de SUBDERE es una iniciativa gubernamental nueva, valiosa y esencial para asegurar el éxito del proceso de descentralización, a pesar de haber sido expuesta hace más de 6 años por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional y analizada in extenso por diversos especialistas en los libros de la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado, FChDD (especialmente en Desarrollo Territorial Colaborativo).
Dado el contexto actual, la premura de plazos y los riesgos de una mala ejecución, se torna urgente e indispensable disponer de un Plan de Contingencia que cuente con amplio respaldo político y ciudadano. El desafío del Plan de Contingencia es asegurar las condiciones mínimas para disponer de una base de gobernanza regional que permita cumplir con las aspiraciones de la comunidad con la mayor sincronía posible con el país. Se trata de una tarea que no compete sólo al gobierno nacional (SUBDERE) y regional (GORE) sino también a los demás agentes del desarrollo y que ya se ha iniciado en forma parcial pero aún insuficiente.
Siendo así, ¿dónde deberíamos concentrar los esfuerzos colectivos de corto y mediano plazo? A mi juicio, dicho Plan de contingencia debería concentrarse en tres objetivos básicos:
- Legitimidad política: es urgente activar fuerte y masivamente la participación informada de la población sobre la elección de gobernadores regionales, de manera de permitir una alta legitimidad democrática de quien sea electo como máxima autoridad regional. Una campaña del gobierno nacional en medios de comunicación, redes sociales, instituciones regionales y organizaciones comunitarias es fundamental y puede ser complementada por los esfuerzos de los propios gobiernos e instituciones regionales. El convenio de SUBDERE con FChDD es un buen inicio que debe ser extendido a todas las instancias regionales.
- Calidad programática: es imprescindible otorgar información y soporte técnico a las propuestas de programa de los candidatos a gobernadores (y posteriormente a los programas mismos del gobernador electo), con el propósito de asegurar proyectos de desarrollo territorial coherentes y basados en evidencias. De acuerdo a lo observado en los diversos Diálogos Regionales realizados por FChDD en 2020 se constata que existe un amplio espacio para avanzar en esta materia, ya que son pocas las candidaturas a gobernador regional que disponen de recursos calificados para diseñar estrategias de desarrollo territorial pertinentes y con prospectiva. Esta es una tarea en que los centros de estudios regionales de las universidades podrían aportar si contaran con apoyo del gobierno regional y nacional.
- Gestión estratégica del conocimiento: es vital para la formulación y adecuado cumplimiento del programa de gobierno disponer in situ de una masa critica de analistas especializados y formuladores y evaluadores de políticas basadas en el lugar (PBP), de manera de asegurar que estamos utilizando conocimiento estratégico pertinente a la región y que dichas políticas y estrategias podrán ser monitoreadas, evaluadas y eventualmente corregidas, una condición básica de su éxito. A partir del 10 de junio de 2021 el gobernador regional tendrá cuatro años para concretar su programa de gobierno disponiendo de pocos medios y recursos de libre asignación para su perfeccionamiento. Es el momento de que SUBDERE impulse junto a los gobiernos regionales la creación de un programa piloto de centros de pensamiento estratégico territorial que puedan cubrir una nueva función institucional que emerge de la esencia del proceso descentralizador: la de disponer de capacidades regionales para una política basada en evidencias con pertinencia territorial, como solicita SUBDERE.
Estos tres componentes del Plan son completamente inexistentes en un sistema centralista, donde los ciudadanos no eligen la máxima autoridad regional, los planes de gobierno regional cambian con cada Intendente y su equipo de turno y donde la tecnocracia regional se limita a ejecutar las directrices y programas nacionales. De allí la inexistencia o insuficiencia actual en las regiones de inteligencia estratégica territorial, indispensable para despertar y orientar sus energías ocultas en el nuevo marco de la democracia regional de una nación que aspira a reconstruirse sobre una base de mayor participación, sustentabilidad e inclusión social.
Como ha sostenido Diego Portales C. la “expedición descentralizadora” tiene por meta construir un nuevo sujeto político ( el gobierno regional democrático) mediante dos procesos convergentes y complementarios: la participación ciudadana y la inteligencia estratégica territorial. Así, el poder e influencia de este nuevo actor dependerá en buena medida de la construcción consensuada de un proyecto político regional capaz de responder adecuadamente a los escenarios de futuro de su territorio. Y también dependerá del marco de gobernanza multinivel de que disponga para armonizar sus relaciones con los municipios y el nivel nacional en la región (Delegado) y en el país (Ministerios y Servicios Públicos). Gobernanza que podrá ser ampliada o minimizada progresivamente según sus capacidades endógenas de apoyo político y técnico regional. Una dialéctica nada fácil de gestionar.
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