Con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución comienza institucionalmente un momento de cambio en nuestro país. Poco menos de un año después de firmado este pacto, el 25 de octubre del 2020, las y los chilenos en un plebiscito histórico marcaron su preferencia por un cambio constitucional mediante Convención Constitucional. Esto significaba que 1) se aprueba un proceso constituyente en Chile cuya finalidad es la promulgación de una nueva carta magna, y 2) el mecanismo seleccionado por la ciudadanía rechazó la participación directa de parlamentarios y optó por un ente colegiado compuesto por 155 integrantes elegidos íntegramente por votación popular. De ahí en adelante, partidos políticos, organizaciones y personas naturales levantaron candidaturas a la convención constituyente, creando un paisaje heterogéneo y pluralista.
Considerando la importancia teórica de los partidos políticos en el funcionamiento democrático, en este pequeño texto planteamos dos ideas que pretenden aportar a la discusión sobre el proceso constituyen en Chile.
Primero, luego del conflicto resonante del 18 O es necesario hacer esfuerzos por captar la atención de la ciudadanía en el proceso. Para ello, es fundamental que se difundan los contenidos, postulados y propuestas de cada partido de cara a la Convención Constitucional. Y segundo, la sociedad chilena y su complejización obligan a romper con la idea de “los grandes acuerdos” como única forma de democracia. Ante esto, no obstante, los partidos políticos escasamente han avanzado en la idea de “disenso” como alternativa para la construcción de una nueva constitución flexible y dúctil que facilite su proyección socio-temporal.
Respecto a la primera idea, cuando se realiza una búsqueda exploratoria en las páginas web oficiales de los 25 partidos políticos legalmente constituidos en Chile y/o de sus centros de pensamiento asociados, nos encontramos con que un 60 % de estas organizaciones no ha publicado algún documento oficial transparentando sus contenidos y propuestas de cara a la Convención Constitucional. Si bien esta información puede variar si es que se añaden declaraciones en redes sociales, no deja de llamar la atención el limitado esfuerzo por la difusión de ideas.
Para ser precisos, en nuestro país coexiste lo que algunos autores han llamado anti-partidismo cultural, característico de sociedades que pasaron por largas dictaduras, junto con un anti-partidismo reactivo, forjado en la disonancia entre promesas y acciones (Torcal, Montero y Gunther, 2006). Este segundo elemento es interesante, porque significa que no necesariamente existe un rechazo per se de la ciudadanía a los partidos, sino que observamos un fenómeno de desencanto marcado por escándalos de corrupción, una miopía recurrente con los problemas que aquejan a la población, promesas incumplidas, entre otros.
En este contexto es que los partidos políticos se enfrentan a un dilema que va mucho más allá de arreglos electorales. Lo que aquí se afronta es una importante ruptura con la ciudadanía que en gran parte ha ocurrido por las acciones de los propios partidos. Para enfrentar esto, es relevante que los partidos comuniquen, que planteen contenidos y propuestas especialmente en este momento único de la historia chilena. Hacer esto es central para reconstruir lazos de confianza que jueguen un rol de “interfaz” en la complejidad, para posibilitar la discusión entre distintos actores y para construir legitimidad en torno al proceso.
Para abordar la segunda idea, es necesario desmitificar gran parte del desarrollo político en Chile. Los modos tradicionales de formación y sobrevivencia del estado-nación asumían la existencia de una sociedad caracterizada por la unidad moral y normativa. Los partidos debían capturar y representar la unidad mediante consensos políticos y desde allí avanzar. Ahora bien, si observamos la temporalidad postdictadura seguimos encontrando un modo político basado en el consenso, en la necesidad de la “democracia” de negociar y llegar a puntos comunes generales como base de la legislación. Esta formulación sociopolítica posee a lo menos tres límites. Primero, asume que en toda sociedad existen “máximas” morales y normativas que son “representadas” por aquellos grandes acuerdos, lo cual parece insuficiente para comprender sociedades atravesadas por transformaciones y cada vez más heterogéneas. Segundo, el “disenso” queda configurado en oposición al “consenso”; el primero sería sinónimo de anomia y, por lo tanto, negativo para democracia. Y tercero, una visión basada en el consenso tiende a construir legislaciones cuya potencialidad de extensión temporal es reducida, pues es poco flexible, resiliente y resonante a las transformaciones de la “unidad moral y normativa”.
Es una pregunta abierta aún si en la discusión de la Convención será posible construir una constitución que acepte el disenso sin dramatismo. La lógica de los grandes “consensos” y “acuerdos” se proyecta como un límite procedimental y de contenido en el proceso constituyente. Más aún cuando asistimos a una sociedad cada vez más compleja, en la cual las personas esperan al fin poder vivenciar aquella promesa de “libertad” de acción y elección.
En este breve texto, hemos propuesto dos ideas que permiten nutrir la discusión constitucional. A pesar de que se han presentado de manera separada, ellas están íntimamente vinculadas. En este sentido, no parece posible rescatar la complejidad del disenso si es que no sabemos si los partidos políticos han sido capaces de capturar la heterogeneidad social y plasmarla en sus programas y contenidos para la Convención Constitucional. Para ello, deben tomar en serio su oportunidad de apertura al disenso y producir y difundir contenidos que se proyecten como dispositivos de interfaz y comunicación entre marcos normativos diferentes. Esa es su tarea histórica en este momento.
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