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La rebelión mapuche abre un nuevo frente al presidente Piñera

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  • La comunidad originaria protesta por la devolución de tierras que considera ancestrales y que ahora están en manos de terratenientes y empresas

  • El dirigente ha impuesto el estado de excepción en la región de La Araucanía y reduce el problema a una cuestión de “terrorismo”

La presidencia del chileno Sebastián Piñera se tambalea sobre una delgada línea que conduce al precipicio político. De un lado, la amenaza de una moción de censura parlamentaria y el inicio de una causa por la Fiscalía Anticorrupción por un negocio millonario incompatible con sus funciones ejecutivas. Pero, además, enfrenta una convulsión después de haber militarizado la región de La Araucanía y sus adyacencias, 720 kilómetros al sur de Santiago. Allí rige además el estado de excepción tras las últimas protestas de la comunidad originaria mapuche que, desde hace años, reclama con intensidad tierras que considera ancestrales y se encuentran en poder de terratenientes y empresas forestales.

De acuerdo con el último censo, casi 2,2 millones de personas se consideran pertenecientes a un pueblo originario. Un 79,8% de ellas aseguró pertenecer a la nación mapuche. Las cuestiones relacionadas con la identidad han tomado otro impulso tras el estallido social de 2019. De hecho, la académica mapuche Elisa Loncon preside la Convención Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna. Diecisiete de sus 155 miembros representan a las etnias precolombinas. De ese total, siete corresponden a los pueblos mapuches y levantan con fuerza la bandera de la autodeterminación, así como sus derechos territoriales.

Ese es el trasfondo obligado de las protestas e intentos de recuperación de tierras que han llevado a Piñera a tomar medidas extremas a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El Gobierno asegura que en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco tenía lugar una “grave alteración del orden público“. El estado de excepción debería finalizar antes de que los chilenos acudan a las urnas.

Historia de un fracaso

El presidente ha dado un paso sin precedentes en más de 30 años de democracia: ha entregado a los militares el control de la zona en conflicto. “Eso responde a un cálculo electoral”, ha explicado Eduardo Vergara, de la fundación Chile 21. El gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas, ha estimado que la orden presidencial es en rigor consecuencia del “fracaso” del Estado para encarar un problema que no es nuevo. “Acá nadie quiere violencia, acá lo que se quiere es dignidad”, ha asegurado Gabriel Boric, el joven candidato de izquierdas, favorito para pasar a la segunda vuelta, al visitar días atrás las regiones militarizadas. “Reconocemos el derecho a existencia, cosmovisión propia, territorio y autonomía del pueblo nación mapuche”.

Aquí no hay una guerra civil entre grupos étnicos sino un conflicto que no se ha resuelto bien”, sostiene el abogado mapuche y académico Salvador Millaleo. La historia de la formación del Estado chileno, en el siglo XIX, es, también la de la pérdida de las tierras que poseía esa comunidad originaria: de 10 millones de hectáreas que España reconoció como territorio mapuche, esos pueblos se quedaron con 536.000. Entre 1961 y 1971, los indígenas presentaron 1.434 demandas por restitución y solo tuvieron 352 dictámenes favorables. El Gobierno de Salvador Allende (1970-73) favoreció la recuperación de 132.115 hectáreas. La dictadura militar significó una marcha atrás de ese camino.

Miradas contrapuestas

“Si miramos con ojos de turista nos dejará extasiados, pero si nos acercamos a su suelo lo escucharemos cantar ‘Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar'”, dijo el papa Francisco durante pastoral a La Araucanía, en febrero de 2018, con una clara referencia a la canción de Violeta Parra, una artista emblemática de Chile. El conflicto, que en los últimos años ha alcanzado varios picos de intensidad, es también consecuencia de las fuertes contradicciones entre la cultura mapuche y la matriz productiva de la elite chilena. La expansión de la industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones del país, es considerada por esa nación un atentado contra la naturaleza y un factor de empobrecimiento. Las protestas mapuches afectan intereses económicos.

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En este contexto ha irrumpido una denominada “Resistencia Territorial Mapuche” que, tras la declaración de emergencia, ocupó una reserva natural, 600 kilómetros al sur de Santiago. Sus integrantes, todos encapuchados, portaron armas y reivindicaron el derecho a la autodefensa. “Estamos dispuestos a repeler todo acto violento de parte del Estado”. El Gobierno encontró en esa declaración la excusa perfecta para reducir el problema a una cuestión de “terrorismo“.

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