Señor director:
Recientemente hemos conocido dos nuevos casos de fiestas clandestinas en tiempos de pandemia, en las cuales se están incumpliendo los mismos preceptos legales y “poniendo en peligro la salud pública”, sin embargo, una vez mas, las personas involucradas, sus familiares y el lugar donde se desarrolla la fiesta marcaron la diferencia a la hora de tomar decisiones.
Durante la semana pasada se supo de una nueva fiesta clandestina en Cachagua. Esta vez, sin embargo, el evento no destacó sólo por el contexto privilegiado de lxs jóvenes que participaron, sino también por los vínculos familiares que tienen con importantes personajes del mundo empresarial y político chileno, como el presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Carlos Eugenio Lavín y Juan Sutil. Los jóvenes, luego de ser detenidos fueron, por supuesto, dejados en libertad, sin siquiera pasar a control de detención.
Algo groseramente diferente ocurrió con tres personas de nacionalidad haitiana, quienes fueron detenidas el 17 de enero en idénticas condiciones -participando de una fiesta clandestina-, pero en Conchalí. Ellas, a diferencia de las primeras, fueron mantenidas privadas de libertad hasta la respectiva audiencia de control de detención al día siguiente, a la que incluso llegó el Ministerio del Interior a presentar querella y en la que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario. La medida fue concedida por el Tribunal, por lo que estarán privadas de libertad, en sus casas, hasta que el procedimiento termine o algún defensor logre revocar esta decisión.
Cabe recalcar que, luego que las policías detienen a una persona, la decisión de mantenerla privada de libertad hasta la audiencia de control de detención, o simplemente dejarla citada, pertenece exclusivamente al Ministerio Público, institución que también decide qué medidas cautelares solicitar en el caso.
– Romina Villarroel
– Víctor Zúñiga
– Almendra Badal
– Paloma Badal
– Bastian Martínez
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