El caso de Nicole Saavedra es parte de nuestra historia actual, presente y cotidiana. Su nombre es una emocionante –pero fuerte– reivindicación de la lucha de las disidencias sexuales en Chile. Nos referimos a un caso de alto perfil: una violación con homicidio y secuestro, un femicidio odiante en contra de una mujer lesbiana. Desde el año 2016 familiares, conocides y organizaciones sociales han exigido justicia. Pero, ¿cuál es el costo de exigir justicia en Chile? Enfrentarse a cuestionamientos sesgados, años en los que cada avance en la investigación dependió de la presión social ejercida por familiares y amigas de Nicole Saavedra. Hoy esto puede llegar transformarse en cárcel para quienes exigen justicia.
En junio de 2019, el círculo cercano de activistas vinculadas al caso realizó una toma pacífica de la Fiscalía de Quillota como un gesto político de interpelación hacia una justicia indiferente, lenta y patriarcal. Por dicha manifestación fueron fuertemente reprimidas y luego acusadas de destrozos que aún no han sido comprobados. Frente a estas acusaciones, arriesgan 3 años de presidio y una multa que podría ascender a un monto de 11 UTM (aproximadamente 561 mil pesos). Esto refleja una profunda criminalización de la lucha por la búsqueda de la justicia, pues se trata de un castigo directo a movilizaciones LGBT como un ejercicio del derecho a la protesta y la manifestación de un legítimo descontento social ante el sinnúmero de barreras de acceso a la justicia y contra las violencias patriarcales intrínsecas en estos procedimientos.
La justicia chilena se encuentra bajo profundos cuestionamientos. Se trata de un poder del estado indiferente a las desigualdades sexuales y de género en la sociedad y, por lo tanto, carente de una perspectiva que ponga en el centro la igualdad y la no discriminación. Semejante vacío queda en evidencia en este y en muchos otros casos en que el avance de la investigación depende exclusivamente de la presión que hagan víctimas y familiares, cuestión sobre la cual la mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido de forma enfática. Sesgos de género, reproducción de estereotipos y prejuicios y absoluto desconocimiento sobre conceptos básicos de género, diversidad sexual y derechos humanos son solo unos pocos ejemplos de una larga lista de deudas en esta materia.
Como si fuera poco, tanto la CIDH como la Organización de Estados Americanos (OEA) han consignado como prioridad la implementación de formación especializada a jueces, juezas, fiscales, defensores/as sobre los derechos de personas LGBT, la especificidad de las vulneraciones sufridas y la necesidad de un trato especializado. Recomiendan que los Estados adopten medidas para que las investigaciones sean efectivas, prontas e imparciales, con equipos multidisciplinarios y apoyo técnico adecuado.
No cabe duda que Chile se encuentra en deuda en estas materias: la percepción que existe de la justicia, consignada en la encuesta T –realizada el año 2013–, nos indica que un 74,5% de la población LGBT ha sufrido discriminación, un 43,3% afirma no denunciar porque “no cree que sirva de algo”; 14,4% “porque es un trámite muy difícil” y 7.2% por “temor a las represalias”. La misma encuesta concluye que la insuficiencia de sentencias favorables desincentiva la presentación de reclamos. Por su parte, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, en su Estudio Diagnóstico sobre la Perspectiva de Género en el Poder Judicial (2015-2016) informa que un 54% ha experimentado o presenciado un trato discriminatorio hacia otra persona del Poder Judicial mismo, en un 22% por orientación sexual y un 6% por identidad de género, lo que habla de una profunda invisibilización y de la urgente necesidad de implementar medidas que corrijan estas violencias. Por ejemplo, el Protocolo de Atención en Justicia con Enfoque de Género y Diversidad propuesto por la Universidad de Concepción. De lo contrario, la respuesta será siempre la misma: precariedad generalizada, demora incomprensible de los procedimientos y abandono de políticas activas de consideración por las realidades de las víctimas de violencias de género.
Una de las barreras más importantes –y que para estos efectos de este análisis amerita una mención aparta– es la revictimización o victimización secundaria, asociada a la persecución de casos en la justicia y la reiteración prolongada de los mismos hechos de violencia que están siendo denunciados a lo largo del procedimiento, con un ánimo de desacreditarlos y cuestionarlos. El desincentivo es aún mayor cuando la gran mayoría de estos casos quedan archivados en el olvido o son procesados –tardíamente– con resultados negativos. Cuando hablamos de la revictimización de mujeres y disidencias –en este caso, de familiares de Nicole Saavedra–, queda de manifiesto el carácter social de esta violencia, que se extiende no solamente al círculo cercano de activistas –que por cierto se ven directamente perseguidas por la represión estatal–, sino que se constituye como una herida abierta para toda la población LGBT en Chile. Nicole, Anna Cook, Daniel Zamudio, Mónica Briones y tantos otros nombres por los que aún exigimos justicia, identifican las vivencias discriminatorias y violentas que experimentamos a diario, cuyo destino inexorable es quedar en impunidad.
Resulta evidente que la sociedad no se ha hecho cargo de los crímenes de odio y las violencias LGBT-odiantes. Se acumulan las deudas del Estado para con políticas de justicia feministas y disidentes d, nutridas por la implementación de programas públicos de erradicación y prevención de estas vulneraciones de derechos que, a la vez, refuercen la protección de mujeres, disidencias y grupos vulnerables en la sociedad. El Estado debe tomar un rol proactivo en recolectar datos y estadísticas para elaborar políticas públicas, tomando en cuenta las diferencias arbitrarias y su relación con otras formas de discriminación estructural que se reproducen a diario y muchas veces en simultáneo. Una perspectiva de género debe consolidarse a nivel transversal y además material, recuperando la idea en el centro de este sistema: exigir justicia no es ni puede ser un delito.
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