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Guatemala archiva definitivamente los presupuestos que provocaron las protestas masivas

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El país mantendrá para 2021 las cuentas públicas de 2020, según ha asegurado el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

El Congreso de Guatemala ha archivado definitivamente la ley de presupuestos 2021 que provocó la indignación de la sociedad y las masivas protestas de la población el pasado fin de semana.

En una sesión que duró más de nueve horas, el Pleno de la Cámara legislativa cedió a la presión social y también anuló dos préstamos por valor de 614 millones de dólares que había comprometido para financiar el gasto de las cuentas públicas.

La sesión incluyó fuertes enfrentamientos entre los diputados. Dos de ellos, Mario Taracena y Édgar Reyes Lee, ambos del mismo grupo pero de facciones enfrentadas, protagonizaron una bochornosa escena que casi acaba en un enfrentamiento físico. Todo comenzó con graves acusaciones de Taracena hacia el presidente del Gobierno, Alejando Giammattei, y hacia el propio Congreso, a quienes responsabilizó de la crisis.

Sin tiempo para nuevos Presupuestos

La decisión del Pleno del Congreso, con el voto favorable de 121 diputados de 160, llega después de que el martes Giammattei anunciara que se prorrogarán a 2021 los Presupuestos de 2020.

“No hay tiempo para otro presupuesto antes del 30 de noviembre”, dijo en el seno de una mesa de diálogo, que convocó para debatir sobre las cuentas públicas, en referencia a la fecha límite que contempla la legislación del país. 

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La mesa de diálogo, en la que participan los ministros de Finanzas y de Economía, fue creada por el propio Gobierno con representantes de diferentes sectores para analizar el nuevo presupuesto para el país.

Tras la caída de las nuevas cuentas se prorrogarán las de este 2020, de 89.700 millones de quetzales (alrededor de 11.500 millones de dólares), lo que supone 10.000 millones de quetzales menos que el presupuesto que desató las protestas de la población. 

Además del elevado monto, las críticas se centraron en el aumento de la deuda pública hasta límites históricos y la reducción de partidas sociales, como las destinadas a sanidad y educación.

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