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El Tribunal Especial del Líbano que juzga los asesinatos políticos se queda sin fondos

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  • La recesión en el país mediterráneo se convierte en una de las tres peores crisis económicas de la historia desde el siglo XIX, según el Banco Mundial

  • “Es una decisión lamentable que el tren de la justicia se detenga en un momento en el que más lo necesitamos”, lamentaron desde la corte

La crisis económica libanesa hunde a otro sector. El Tribunal Especial para el Líbano (TEL) ha denunciado la falta de liquidez que le ha forzado a cancelar un nuevo caso en curso contra el asesino del exprimer ministro Rafic Hariri. Además, el Banco Mundial ha declarado que la debacle libanesa está entre las tres peores crisis económicas desde el siglo XIX. “Una contracción tan brutal y rápida acostumbra a estar asociada con conflictos o guerras”, ha señalado la institución. El TEL, financiado por la ONU y el Líbano, es la nueva víctima de la recesión libanesa. 

El tribunal recibe el 51% de sus fondos de contribuciones voluntarias y el 49% del Gobierno libanés, que sufre una parálisis que ahonda al país en su peor crisis económica de las últimas tres décadas. Para el pasado 2020, el Tribunal Especial tenía un presupuesto de 55 millones de euros, pero para este año se ha reducido casi en un 40%, anunciaron sus representantes. A la vez, presentaron sus problemas para obtener contribuciones.

Caso cancelado

Con la intención de salvar al TEL, operativo desde 2009, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó 20,5 millones de euros a la Asamblea General para cubrir el déficit de fondos del Líbano este año, pero solo se aprobaron 12,7 millones. “El TEL continúa sus intensos esfuerzos para recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo sus procedimientos judiciales en curso y reitera su llamado urgente a la comunidad internacional para su continuo apoyo financiero”, anunció la corte el pasado jueves. 

Fue entonces cuando comunicó su intención de cancelar su segundo caso contra Salim Jamil Ayyash, un exmiembro de Hizbulá, declarado culpable del atentado que mató a Hariri y a otras 21 personas en el 2005. Este segundo juicio empezaría el 16 de junio, procesándole por otro asesinato y ataques contra políticos libaneses entre el 2004 y el 2005. Los jueces justificaron la cancelación del caso al considerar “inútil comenzar un juicio en junio que es muy probable que termine en julio por falta de fondos”. 

“Es una decisión lamentable que el tren de la justicia se detenga en un momento en el que más lo necesitamos y es doloroso que las razones sean financieras”, añadieron. El primer ministro designado, Saad Hariri, pidió al Gobierno libanés que pague sus cuotas para el TEL y que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para evitar el cierre que acabaría con su trabajo, vital para poner fin a los asesinatos políticos en el país, rezaba su comunicado. 

Peores crisis desde el XIX

A la vez, el Ejecutivo libanés, en funciones desde su dimisión por la explosión en Beirut en agosto, ha pedido a la ONU que explore de forma urgente otras formas de financiación. “Si bien reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el TEL, creemos firmemente que estas dificultades financieras no deben obstaculizar la finalización de su trabajo”, ha dicho el primer ministro en funciones, Hasán Diab.

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El Líbano vive una de las tres peores crisis económicas de la historia desde el siglo XIX, según el Banco Mundial. La debacle “ha exacerbado las deficiencias nacionales a largo plazo, incluidas debilidades institucionales, políticas económicas y sociales fallidas y una pésima prestación de servicios públicos”, declaró la institución. “En un entorno así, existen mayores riesgos de que se desencadene el malestar social”, añadió. 

Sin un “punto de inflexión claro” en el horizonte dada la deliberada y “desastrosa” inacción política, el Líbano se enfrenta a una depresión económica que le lleva a los límites de un “Estado fallido”. En apenas dos años, el Producto Interior Bruto (PIB) se ha desplomado un 40%, de 55.000 millones de dólares en el 2018 a 33.000 millones en el 2020. Ahora también la justicia y la reparación histórica sufren la crisis en sus propias instituciones.

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