Publicado: 13 oct 2021 04:53 GMT
El pasado 7 de octubre, el mandatario anunció que renunció al secreto bancario y pidió a la Contraloría que someta a examen su declaración patrimonial.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, publicó este martes el detalle de los impuestos personales y de sus empresas pagados entre los años 2005 y 2020, que en total suman más de 588 millones de dólares, tras su vinculación en la investigación denominada Papeles de Pandora, que expone información financiera en paraísos fiscales de mandatarios, artistas y personajes internacionales.
“Creo firmemente en lo que predico: los que más tienen, más aportan. He contribuido al Ecuador con 588 millones de dólares en impuestos en los últimos años. Y lo seguiré haciendo. Insinuar lo contrario no es correcto”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Creo firmemente en lo que predico: los que más tienen, más aportan. He contribuido al Ecuador con USD 588 millones en impuestos en los últimos años. Y lo seguiré haciendo. Insinuar lo contrario no es correcto. pic.twitter.com/ReFcCYJgsZ
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 12, 2021
Además, el pasado 7 de octubre, Lasso anunció que renunció al secreto bancario y pidió a la Contraloría que someta a examen su declaración patrimonial.
Por otra parte, desde el lunes, en la Asamblea Nacional entró en funcionamiento la Comisión de Garantías Constitucionales que llevará a cabo una investigación para esclarecer si el presidente posee dinero en paraísos fiscales y en un plazo de 30 días debe emitir un informe al respecto.
De esta forma, se pretende determinar si Lasso violó o no “el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales”.
En los Papeles de Pandora se indica que el mandatario ecuatoriano ha tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos ‘offshore’ en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.
Según los registros filtrados, Lasso disolvió la mayoría de esas compañías antes de lanzarse por tercera vez a la carrera presidencial, después de que, en 2017, se aprobara la ley que prohíbe que los funcionarios públicos sean beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.
