El abogado del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien a inicios de septiembre admitió haber fingido tener cáncer porque tiene otra enfermedad que es “discriminada en este país” y es investigado por eventuales delitos por parte de la Fiscalía, reveló públicamente este miércoles que su representado ha sido diagnosticado en la última década con sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet.
El defensor Tomás Ramírez explicó al diario El Mercurio que en el año 2013 nació la mentira del cáncer para encubrir sus primeros padecimientos y que ha tenido varias hospitalizaciones por los síntomas en las clínicas Alemana y Bupa.
“Su versión sobre que tenía cáncer comienza en 2013 con el diagnóstico de sífilis, pero algunos síntomas continuaron apareciendo en sus siguientes hospitalizaciones, por lo que mantuvo la misma versión desde esa época”, afirmó Ramírez.
Desde esa fecha en adelante, dijo el abogado, Rojas ha tenido una serie de patologías, pero que hay dos que se han mantenido durante el transcurso del tiempo: la enfermedad de Behcet y trombocitopénica inmunitaria.
“Sus diagnósticos fueron cambiando, desde síndrome disentérico, síndrome emético, reacción adversa a medicamentos, síndrome vertiginoso, entre otros. Ha tenido dos diagnósticos que se reiteran: la enfermedad de Behcet y la púrpura trombocitopénica ideopática. Esto no implica que sea su diagnóstico definitivo, sobre todo teniendo presente que ahora, con toda la información, probablemente deba reiniciar un trabajo con distintos especialistas”, relató el profesional.
Conocido como el “Pelao Vade”, Rojas se hizo popular como uno de los participantes más aguerridos de la ola de protestas que sacudió al país desde octubre de 2019, espacio desde el que saltó a la Convención Constitucional como parte de la Lista del Pueblo, después de basar en el cáncer su campaña para lograr el escaño.
Tras conocerse el fraude, el Ministerio Público abrió una causa penal contra el constituyente tras una denuncia interpuesta por la mesa directiva de la Convención, en la que se indagan posibles delitos referidos a su declaración de intereses y patrimonio donde afirmó tener una deuda de 27 millones de pesos por el financiamiento de un tratamiento contra el cáncer.
Sobre la millonaria deuda, el abogado de Rojas sostuvo que su cobertura de salud “es a través de Isapre, ya que hasta el año pasado tuvo trabajo en una línea aérea. La deuda se genera por los costos de hospitalización, de consultas médicas, exámenes y medicamentos, teniendo en consideración de que se trata de problemas que se arrastran desde hace ocho años. Fue despedido en abril de 2020 y después se organizó la rifa para ayudarlo económicamente”.
Sobre la mentira con que la justificó las obligaciones bancarias añadió que “ciertos funcionarios públicos tienen la obligación de efectuar esa declaración, y si no lo hacen, es inexacta o incompleta. La Contraloría exige que se cumpla con la ley, pero no se aplican sanciones por ese mero incumplimiento. Además, respecto de las deudas la ley exige que se señale cuáles son, no que se explique el origen. Atendido lo anterior, existiendo la posibilidad de rectificar montos y origen sin que tenga consecuencias en este nivel administrativo, carece de sentido que sí lo tenga en el ámbito penal”.
“Entregaremos todos los antecedentes para acreditar los diagnósticos y los procedimientos médicos, y demostraremos que su conducta no es constitutiva de delito”, sentenció.
