El diputado Daniel Nuñez (PC) indicó que no apoyar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera tras la difusión internacional de antecedentes ligados a la compraventa de la Minera Dominga, revelados en la investigación periodística de los “Pandora Papers”, es un “suicidio político para alguien de oposición”.
“Todos estos hechos que han salido a la luz pública creo yo que reafirman con mucha fuerza la convicción que tenemos de que la acusación constitucional (acordada por las bancadas de oposición) debe ser aprobada en la Cámara de Diputados y yo me la estoy jugando por eso“, señaló el parlamentario comunista.
“Yo creo que para alguien de oposición es un suicidio político avalar todo este conflicto de interés, irregularidades y corrupción que rodea a Sebastián Piñera y a minera Dominga, así que espero no tengamos ningún suicida en la oposición“, ironizó Núñez.
“A veces hemos tenido esta gente que se desmarca (del resto de la oposición), pero yo lo veo con muy poco espacio, por la presión ciudadana, hoy día”, añadió el legislador por la Región de Coquimbo.
DC MIGUEL ÁNGEL CALISTO “PRUDENTE, PERO PROCLIVE” A APROBAR
En tanto, su par DC Miguel Ángel Calisto se mostró un poco más cauto, aunque indicó que hoy día se inclinaría por apoyar el libelo contra el mandatario.
“En este caso hay un acuerdo de mi bancada de apoyar la acusación constitucional. Yo he pedido cierta prudencia, he dicho: ‘Mire, tomemos en cuenta los antecedentes’… No es por Piñera, es más bien por la estabilidad política y democrática del país“, señaló Calisto.
“No podemos correr tanto el alambre, porque está en juego la democracia. Pero si me preguntan una opinión a priori, hoy día yo estoy más proclive a mostrarme más favorable a apoyar esta acusación, por los datos y la información de carácter gravísimo que se ha presentado“, añadió el parlamentario de la falange.
En la Cámara Baja -donde las oposiciones tienen mayoría- la acusación constitucional se debe aprobar por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para avanzar al Senado, que actúa como jurado. Si dos tercios de los senadores la votan favorablemente, el Presidente será destituido “y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años”.
