La Corte Suprema acogió una demanda interpuesta por un grupo indígena contra la mina de cobre Cerro Colorado de BHP Group y dictaminó que los permisos para una expansión no consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad.
La resolución a favor de la Asociación Agrícola Indígena San Isidro de Quipisca fue emitida el miércoles por la noche por la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Mientras que un abogado del demandante fue citado por radio Bio Bio diciendo que el fallo significa que deben detenerse las operaciones mineras, BHP dijo que ese no es así.
Más bien, se mantuvo una solución procesal ordenada por el Tribunal Ambiental en 2019 para considerar las observaciones del grupo en un nuevo proceso de evaluación que ya está en curso, dijo BHP por correo electrónico.
“El fallo de la Corte Suprema no ordena el cierre de las operaciones de Cerro Colorado”, dijo la compañía.
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“Cerro Colorado ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental”, añadió.
La más pequeña de las tres minas de cobre de BHP en Chile se ha enfrentado a la oposición de las comunidades indígenas que buscan defender los suministros de agua subterránea en la región.
En julio, BHP anunció que planea reducir las operaciones en Cerro Colorado, adelantando efectivamente un plan de reducción antes de la expiración de sus permisos de operación en 2023. En ese momento, dijo que continuaría explorando opciones para extender la explotación más allá de 2023 mediante el uso de agua de mar.
El año fiscal pasado, BHP registró un deterioro de US$409 millones de Cerro Colorado, una operación que había acordado vender en 2018, pero luego el acuerdo fue cancelado.
BHP reafirmó su voluntad de establecer procesos de diálogo basados en el respeto, la buena fe y los principios del Plan de Pueblos Indígenas de BHP.
