Molestia ha generado el anunció que realizó el 4 de enero pasado el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, sobre la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio Associated Universities Inc (AUI), conformado por nueve universidades de Estados Unidos: Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale. Además, cuatro universidades nacionales: del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama.
Esto ya que en la primera evaluación realizada por expertos internacionales, el consorcio de universidades chilenas, la liderada por la Universidad de Chile, y que integraban otras diez universidades (Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad Santa María, entre otras) fue superior a AUI. En las siguientes dos evaluaciones, realizadas por CORFO el grupo compuesto por chilenos y estadounidenses se impuso.
A través de una declaración pública, el Consejo de Rectores manifestó hoy su pesar por la decisión, la cual calificó de “alto impacto no solo por los montos asociados (193 millones de dólares en 10 años), sino principalmente porque esta iniciativa representa una oportunidad única e invaluable para la investigación, fortalecimiento de capacidades de transferencias de tecnología e innovación y, en definitiva, para el desarrollo de Chile”.
“Lo anterior dado que el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) impulsado por CORFO -como parte de un acuerdo entre la entidad estatal y la empresa SQMSalar-, tiene como propósito impulsar la energía solar, la minería sustentable (de bajas emisiones) y materiales avanzados de litio y otros minerales”, agregan en el escrito en el que hacen un llamado a revertir la decisión e implementar un nuevo proceso de licitación pública “que dé garantías de objetividad, transparencia y ecuanimidad”.
Pero, además, señalan que esta decisión desestima la propuesta que fue presentada por la Asociación para el Desarrollo de Tecnologías Limpias (ASDIT), consorcio nacional e internacional integrado por universidades chilenas de reconocida trayectoria en investigación y tecnología -Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Adolfo Ibáñez-; además de empresas mineras y energéticas instaladas en Chile; Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), centros científicos y tecnológicos de Alemania, Australia, Reino Unido, España, entre otros; y una larga lista de otras entidades asociadas.
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Por esto, indican que “nos preocupa el resultado de esta licitación pues nos parece un despropósito que un consorcio internacional, con escasos vínculos con el mundo minero y energético chileno, pretenda liderar a través del ITL una propuesta de desarrollo sustentable en la región de Antofagasta y de una nueva e importante industria para nuestro país”.
“En este escenario, cabe preguntarse cuál es la real política de fomento al desarrollo de capacidades propias para la innovación que se propone para el país. Con esta decisión Chile arriesga la posibilidad histórica de apalancar recursos y generar voluntades sinérgicas entre la industria, la academia, la innovación de punta, la comunidad local y el vínculo con los territorios, de manera de ser verdaderos protagonistas del desarrollo tecnológico para la acción climática mundial a través del desarrollo del hidrógeno verde”, agregan.
Por otra parte, cuestionaron una “falta de transparencia” en el proceso de evaluaciñon de los proyectos. Según indican, con la información disponible hasta ahora la propuesta de la ASDIT había alcanzado un mayor puntaje que el consorcio que se adjudicó finalmente el ITL: “Llama la atención el cambio en la evaluación de las fases siguientes -interna de CORFO y Consejo de Ministros-”.
Igualmente, sostienen que “resulta preocupante que en esta licitación no se haya aplicado la rigurosidad y los procedimientos que habitualmente se exigen para los instrumentos de fomento a la investigación con financiamiento público. Específicamente nos referimos a que, junto a la evaluación por parte de paneles internacionales, también se consideran presentaciones de propuestas y comités asesores locales de base técnica, a fin de comprender en profundidad las propuestas”.
“A juicio del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, una decisión tan relevante para el país debe responder a una estrategia de desarrollo a largo plazo que fortalezca el sistema de ciencia y tecnología de Chile y que potencie los diversos territorios, sus recursos naturales y que beneficie a la ciudadanía”, puntualizan.
