El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió sumarse como querellante en una causa contra del alcalde de Chiguayante, el socialista Antonio Rivas, imputado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de cohecho y soborno.
La principal prueba de la investigación es la autodenuncia de un empresario que reconoció haber sido “palo blanco” de un cercano del jefe comunal para adjudicarse una licitación en el marco de la celebración de Fiestas Patrias del año 2017.
El comerciante emitió una factura a pagar, pero el dinero nunca llegó a sus cuentas y la plata se fue a las arcas, indica la denuncia.
Además del alcalde, también están imputados dos ex funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Chiguayante, entre ellos Andrés Parra -actual consejero regional del Biobío- y Oscar Oviedo.
“Los tribunales no han aportado ni un nuevo expediente, ni una nueva investigación, ni un nuevo trámite y, por lo tanto, es hoy día, obviamente, una situación que está evidentemente siendo manipulada”, declaró Rivas.
“Quiero señalar que nosotros siempre hemos aportado para que la justicia haga todo lo que tiene que hacer en materia de investigar y de recibir la información por parte nuestra o por parte de otras entidades a la que pudiese acudir para poder darle luz a este proceso. Y la verdad es que nos han tratado bastante duro, no solo a este alcalde, sino que también a nuestros funcionarios que trabajan en las más diversas comisiones y, por lo tanto, en estas comisiones son las que se realiza todo tipo de licitación, con toda objetividad y transparencia, y eso quedará bien expuesto en tribunales”, agregó.
