El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, planteó que la “crisis” institucional que se vive en el país a propósito de la investigación penal contra el Presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación a la en la compraventa de la Minera Dominga, y la acusación constitucional que impulsará el Congreso, son factores para repensar y cambiar el sistema político presidencialista que impera en Chile.
En el programa “Mesa Central” de Canal 13, Bassa consideró que la situación del Mandatario no afecta al proceso que encabeza la Convención, que está ad portas de comenzar a redactar el contenido de la nueva Carta Fundamental.
Al contrario, “lo que está pasando con los poderes constituidos y la crisis política y moral, incluso diría yo, es un insumo para que este proceso constituyente pueda identificar de buena manera los vicios que tienen las actuales formas de representación política, y pensar un sistema político distinto que no se base en la concentración del poder, que sea más riguroso para hacer efectiva la responsabilidad de sus autoridades y sea además capaz de separar al jefe de Estado y jefe de Gobierno”, expuso.
Esto a propósito de que en nuestro país, el Presidente de la República ejerce como jefe del poder Ejecutivo y también del Estado.
“Yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido en este tiempo, especialmente cuando el jefe de Gobierno entra en crisis, es que su remoción genera una suerte de trauma institucional, entre otras razones, porque hay una identidad entre jefe de Gobierno y jefe de Estado”, sostuvo.
Por ello, apuntó el abogado constitucionalista, “este es el momento para avanzar decididamente en un sistema, probablemente, parlamentario, donde podamos separar las funciones Gobierno de las funciones de Estado, y así podamos tener mecanismos más efectivos para poder cobrar la responsabilidad política del jefe de Gobierno sin que eso le signifique una inestabilidad al Estado”.
La Convención tendrá esta semana su primera semana territorial un símil a las semanas distritales de los congresistas. A la vuelta, el órgano dará el vamos al proceso de elaboración de la nueva Constitución, lo que iniciará simbólicamente el lunes 18 de octubre, a dos años del estallido social.