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Aumenta el caos jurídico con el fin del estado de alarma tras tumbar la justicia nuevas restricciones

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Las diferencias de criterio entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, a falta de una unificación de doctrina por parte del Supremo, ha llevado a un ir y venir continuo de medidas contra el coronavirus en las comunidades. Este martes, el TSJ de Navarra ha tumbado el toque de queda impuesto el Gobierno autonómico por no considerarlo proporcionado, pero sí que ha permitido la limitación de seis personas en las reuniones. En Andalucía, el tribunal autonómico ha avalado el confinamiento perimetral de tres municipios, pero ha rechazado hacerlo en otro, Montefrío (Granada), algo que el Ejecutivo de Juanma Moreno recurrirá al Supremo.

En las manos del Alto Tribunal está ahora decidir sobre este posible recurso y el impuesto por otra comunidad, Canarias, donde el TSJ no ratificó el toque de queda y el confinamiento perimetral en varias islas. Se espera que el auto del Supremo en respuesta a estos recursos contribuya a crear un criterio común que puedan seguir los tribunales autonómicos, que hasta ahora han mostrado una gran disparidad de opiniones. Mientras que en Baleares y la Comunidad Valenciana los jueces sí avalaron el toque de queda, en el País Vasco lo rechazaron por considerar que una comunidad no puede limitar derechos fundamentales.

La decisión del Supremo no se espera, por lo menos, hasta dentro de una semana, mientras que para este martes estaba prevista una segunda reunión entre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con los fiscales de este tribunal para unificar doctrina de cara a las futuras resoluciones. Tras el fin del paraguas jurídico del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, todas las medidas de las comunidades que limiten derechos fundamentales -como los confinamientos, toques de queda o limitaciones de reunión-, tienen que ser avaladas por la justicia.

En algunos casos, los tribunales consideran que la Ley de Salud Pública de 1986 permite a las comunidades restringir derechos fundamentales, mientras que otros creen que no es posible sin estado de alarma. Pero las diferencias a la hora de avalar o no restricciones no se han dado solo entre los TSJ, sino que incluso dentro del mismo tribunal, como el de Andalucía, se han aplicado criterios distintos. Mientras que la sala del TSJA de Granada no ha ratificado el confinamiento de Montefrío, la de Sevilla sí ha amparado el cierre perimetral de otros tres municipios, Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz). 

El Gobierno se defiende de los ataques por “no legislar”

En el punto de mira está ahora el Gobierno, quien decretó que fuera el Supremo el que tuviera la última palabra en los recursos de las comunidades, y al que partidos de todo el arco parlamentario, incluidos sus socios, critican por “no legislar” y contribuir al “caos jurídico”. Tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la ministra portavoz, María Jesús Montero, han defendido este martes que las comunidades autónomas tienen, “junto con el Ministerio de Sanidad”, “amplios instrumentos para hacer frente a la pandemia en el estado actual”, según ha asegurado Sánchez.

Montero, por su parte, ha confiado en el criterio del poder judicial para responder a las restricciones de las autonomías. “No tenemos duda que cuando las medidas están justificadas, los tribunales y el Supremo resolverán de forma favorable a lo que piden los territorios”, ha afirmado tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno confía en el criterio del poder judicial para afrontar la pandemia

También ha recordado que las autonomías tienen un “abanico” de medidas a su alcance que no pasan por limitar derechos fundamentales, como cerrar o reducir aforos en la hostelería. El TSJ navarro, sin embargo, ha sembrado dudas también sobre esta competencia, ya que ha rechazado el cierre de las terrazas en esta comunidad a las 22:00 horas, al considerar que se trata de una medida ligada al toque de queda.

El lunes el Gobierno ya se abrió a “realizar cambios legales adicionales” para que las comunidades puedan aplicar medidas, según avanzó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna en El País. Insistió, sin embargo, en que la actual cobertura jurídica ofrece un “arsenal normativo” suficiente

Críticas de los jueces

Ya antes del fin del estado de alarma, los jueces habían criticado tanto al Gobierno como a la oposición por “lavarse las manos” al no preparar una alternativa legal al estado de alarma, según denunció la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. “Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos”, lamentó el propio presidente de la Sala Tercera del Supremo, la que se encarga de resolver los recursos de las comunidades.

Contra el nuevo recurso de casación, que el Gobierno impulsó para que el Supremo resolviera en un máximo de tres días hábiles y unificara doctrina estos recursos, cargó también el gabinete técnico de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. En un informe, cuestionaron la posible inconstitucionalidad del decreto y alertaron de que sería “muy problemático” cumplir con el plazo de resolución en un máximo de tres días.  

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