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Álvaro Uribe descree de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su Gobierno

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Una cifra resume parte de los espantos del pasado reciente y condiciona el horizonte de los colombianos: 6402. No es un número más, aunque el ex presidente Álvaro Uribe lo haya puesto en duda horas atrás. Da cuenta de los casos de “falsos positivos” hasta ahora contabilizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así se llaman a los civiles asesinados por militares que luego los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate, especialmente durante sus dos Gobiernos del adalid de la Seguridad Ciudadana (2002-10). Cada “falso positivo” era una prueba de la eficacia militar. Centenas de uniformados la presentaban a sus superiores. A cambio, recibieron ascensos y distinta clase de beneficios.

Los cuerpos de las víctimas –en su gran mayoría habitantes de zonas rurales marcados por la pobreza- eran camuflados en una escena del crimen completamente ficticia. Uno de esos cuerpos fue el de Édison Lexánder Lezcano Hurtado, un campesino de 23 años, casado y padre de tres hijos. El grupo de militares lo fue a buscar a su casucha, el 18 de mayo de 2002. De nada sirvieron los ruegos y las explicaciones. “No es guerrillero”. Lo mataron delante de la esposa a patadas y golpes. Luego se lo llevaron. La JEP encontró el cadáver en 2020.

 Años atrás, la Fiscalía había reportado 2.248 episodios como el de Lezcano Hurtado. “¡Ahora tenemos el triple!“, se espantó el diario El Espectador en su editorial.  “Tengo un desprecio total por su récord de atrocidades”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El período especialmente señalado por la JEP va del 2002 a 2008 y es un resultado de la llamada política contrainsurgente de Uribe. “Yo siempre he asumido responsabilidades, pero no han presentado las pruebas, cómo voy a decir que ese informe de la JEP es verdad”, dijo este lunes y recordó su rechazo a la la Jurisdicción Especial para la Paz por haber formado parte del acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC para finalizar el conflicto armado. “Ellos no deben juzgar a las Fuerzas Armadas”.

A fines de enero, la JEP publicó un informe demoledor sobre la práctica sistemática del secuestro por parte de la disuelta guerrilla. Las conclusiones de su Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad sobre los “falsos positivos” se conocieron el pasado jueves. Sus efectos no dejan de remecer la escena política colombiana, y no podía ser de otra manera por tratarse de uno de los temas más controvertidos del medio siglo de violencia política en Colombia. La JEP ha escuchado las explicaciones de oficiales de alta graduación, entre ellos nada menos que el general Mario Montoya Uribe, quien se desempeñó como la máxima autoridad del Ejército durante esos años, y el general retirado Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, en cuyas inmediaciones tuvieron lugar varios de esos episodios. Los jueces han recopilado además los testimonios de 42 oficiales (siete de esta lista son coroneles), 38 suboficiales y 51 soldados.

Contra el negacionismo

“La justicia transicional está mostrando resultados, tal y como desde diferentes orillas se le venía exigiendo. Así como en el tema de los secuestros se develó con reconocido rigor la crueldad con la que las FARC lo asumieron, ahora es la Fuerza Pública la que está en la mira. El documento apunta a que estas muertes no se debieron únicamente al indebido proceder de algunas manzanas podridas”, señaló el diario El Tiempo en su reciente editorial. Para El Espectador, es “descorazonador, aunque no sorprende” la descalificación de la que ha sido objeto la JEP por parte de la derecha. “El exmandatario utiliza la respuesta agresiva pues se siente aludido. No es para menos”. El hecho de que el Centro Democrático, el partido de Uribe, opte “por el negacionismo” no debería “ser razón para que el resto del país los siga”.

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 “Las noticias que han surgido a raíz del avance de la investigación sobre falsos positivos son muy desalentadoras, pero también lo son la reacción de algunas vertientes políticas frente al informe. En ese sentido es importante conocer cuál es la posición oficial del Gobierno“, dijo el congresista liberal Harry González. Hasta el momento, solo el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ponderó la labor de la JEP. El presidente Iván Duque, delfín de Uribe, ha evitado pronunciarse en público. De hecho, en diciembre pasado Duque ratificó el ascenso de dos integrantes del Ejército involucrados en las investigaciones de las ejecuciones sumarias: los generales Marcos Pinto Lizarazo y Édgar Rodríguez Sánchez.

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