Alrededor de 4.000 repartidores han tomado este martes las calles de una decena de ciudades españolas para solicitar a los partidos políticos que no convaliden en el Congreso de los Diputados la conocida como ‘Ley Rider’, la norma aprobada por el Gobierno que obliga a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores como asalariados en un plazo máximo de tres meses y que también ha recibido críticas por parte de grupos “anti” autónomos por considerarla “insuficiente”.
La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) han convocado estas manifestaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete. A su juicio, la norma supone un “paso más” para “dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo“, en alusión al riesgo de que las plataformas digitales de reparto que optaban por utilizar autónomos reduzcan sus plantillas.
“Esta ley no puede ser un Decreto sin participación de nadie“, han señalado los repartidores de plataformas como Deliveroo, Uber y Glovo y también de Amazon o Seur, que se han movilizado para pedir directamente a los diputados del Congreso de los Diputados su ‘no’ al decreto aprobado por el Gobierno.
El colectivo pro-autónomo ha cuestionado también durante los últimos meses los beneficios del nuevo modelo que introduce la ‘Ley Rider’, ya que las compañías pueden optar por subcontratar a terceros para este servicio, y citan como ejemplo el caso de la plataforma Just Eat. Además, defienden que las condiciones laborales y salariales de los repartidores que trabajan para firmas con servicio de reparto propio no son mejores “per se” que las que tienen ellos como autónomos.
Buscan aunar fuerzas en Europa
Los ‘riders’ se han manifestarse también delante de las sedes de los sindicatos, como en el caso de CC.OO. en Barcelona, para criticar su “falta de representatividad en los debates sobre regulación del trabajo en plataforma, tanto en España como en Europa”. El propio ministerio, junto a los sindicatos CC.OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación de estos trabajadores.
Las asociaciones están dispuestas incluso a llegar a Europa. Tanto APRA como RepartidoresUnidos.org han iniciado contactos con asociaciones homólogas en otros países como Italia, Francia o Malta, para asesorarse mútuamente y aunar fuerzas en Europa, donde quieren denunciar la “mala praxis del proceso de la ‘Ley Rider’ en España” y buscar amparo en los organismos europeos.
El presidente de APRA, Jordi Mateo, se ha congratulado de haberse reunido en en abril con el director de estrategia de empleo de la Comisión Europea, Max Uebe. “Europa sí quiere escuchar a los ‘riders’. Que tome nota la ministra Díaz. Los repartidores seguimos luchando para que se nos oiga en toda Europa”, ha advertido.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su parte, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley “va a cambiar el signo de los tiempos” y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues “no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto”. También ha insistido en que “un joven que va en una bicicleta no es un emprendedor”, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que estableció en septiembre de 2020 que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Los partidarios de ser asalariados creen que es “insuficiente”
La normativa ha sido recibida también con críticas por la asociación “Riders x Derechos”, que desde hace años ha denunciado a las empresas de reparto por considerar que no cumplían la regulación laboral vigente. “Es un paso insuficiente, hay poco que celebrar“, han apuntado sus responsables en un comunicado, en el que recuerdan que sus posiciones han recibido el respaldo de la Inspección de Trabajo y varias sentencias judiciales.
“Se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia“
Aunque “en apariencia” la ‘Ley Rider’ va en línea con sus demandas, la asociación advierte de que el proceso de laboralización “se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia” de los actuales repartidores. Además, “no se garantiza que estas empresas no opten por la subcontratación”, la legislación da “casi cinco meses de tiempo para que las compañías sigan vulnerando derechos laborales” y tampoco recoge la posibilidad de que aquellos repartidores extranjeros “sin papeles” puedan regularizar su situación.
“Riders x Derechos” ha lamentado, asimismo, que no se haya “penalizado a las empresas defraudadoras” con “multas millonarias”, como en Italia. “A lo largo de este año de negociación, el Ministerio de Trabajo ha ido cediendo a gran parte de los postulados de la patronal y han ido eliminando todas las propuestas que se habían hecho por parte de los sindicatos”, han denunciado.
En España, se calcula que hay actualmente operativos cerca de entre 20.000 y 30.000 repartidores en plataformas digitales, centradas sobre todo en el envío de comida a domicilio.
