A seis días de que el Congreso, luego de maratónicas jornadas, despachara a ley el proyecto de Presupuesto 2021, el Gobierno ingresó este viernes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que declare inconstitucional nueve cambios aprobados por los parlamentarios y que, entre otras disposiciones, involucran entrega de bonos, pensiones de gracia y atención de víctimas de violencia intrafamiliar.
La primera glosa impugnada se refiere a la reducción de algunos presupuestos de inversión de los gobiernos regionales, vía recorte en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), ya que lo aprobado exige que el gobierno regional apruebe con dos tercios de su consejo las reasignaciones propuestas por el Gobierno.
Un segundo tema se relaciona con la glosa de Junaeb sobre un bono para manipuladoras de alimentos en zonas extremas.
Además, el Ejecutivo cuestiona un cambio a la partida del Tesoro Público vinculado con la forma de ejecutar los recursos para pensiones de gracia pagadas a ex trabajadores de la minería del carbón por parte del Estado.
También impugnó una glosa que corresponde a los gobiernos regionales y establece que no se requerirá solicitar el certificado de calificación del proyecto habitacional, emitido por el Serviu respectivo, para autorizar recursos para la compra de terrenos con destino habitacional.
De igual forma, recurrió ante el TC por el bono de inclusión curricular para Chiloé en la Subsecretaría de Educación, que busca incluir contenidos que fortalezcan las tradiciones del archipiélago sureño.
Otros ítems llevados ante el tribunal se refieren a precisiones sobre las licitaciones de basura, una glosa del Ministerio de Vivivenda que modifica de 5 a 15 por ciento el monto que los Serviu podrán destinar del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el ítem de reposición de vacantes en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el apartado del programa sobre atención de víctimas de violencia intrafamiliar, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que busca incorporar a dicha política a las mujeres que hayan sido objeto de violencia intrafamiliar o de género durante la pandemia.
“UN PASO ATRÁS EN LO ALCANZADO”: CRÍTICAS OPOSITORAS
Desde la oposición, el diputado Gabriel Ascencio (DC) rechazó la impugnación de la glosa relacionada con la inclusión curricular en Chiloé: “Esta es una glosa presupuestaria completamente admisible, es facultativa y democráticamente fue aprobada por amplias mayorías en la Cámara y el Senado. Recurrir al Tribunal Constitucional contra la cultura y la historia chilota es un despropósito de Piñera”, tuiteó.
Piñera acude al Tribunal Constitucional para impedir que la historia y cultura de Chiloé se incluyan en los currículum escolares de los establecimientos de la Isla.
[Hilo 1/5] pic.twitter.com/8EGmOBVLZP
— Gabriel Ascencio (@G_Ascencio) December 4, 2020
Por su parte, el senador Jorge Pizarro (DC) afirmó que la impugnación implica un “paso atrás del gobierno en lo alcanzado”.
#Presupuesto2021 @sebastianpinera recurre al TC. Ahora para impugnar glosas parlamentarias que permiten a CORES entrar en debate presupuestario; priorizar mejor Fondo Solidario Vivienda o atender víctimas VIF durante la pandemia.
Un paso atrás de @GobiernodeChile en lo alcanzado. pic.twitter.com/LEhzkRhyg7— Jorge Pizarro Soto (@pizarrosenador) December 4, 2020