En el año 1998, la Corte Suprema ordenó medidas de seguridad para las casi 20.000 toneladas de desechos tóxicos suecos vertidos en Arica. El fallo no ha sido cumplido y los desechos tóxicos aún permanecen a la intemperie.
¿Cómo llegaron miles de toneladas de desechos tóxicos, con altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio, desde Suecia para ser vertidos en Chile? ¿Y por qué Suecia y Chile no han abordado efectivamente este desastre ambiental y de derechos humanos hasta el día de hoy?
Algunos hechos son claros. En 1984 y 1985, la empresa sueca Boliden Mineral AB envió los desechos tóxicos desde su fundición en Skellefteå a Arica. Boliden le pagó a Promel Ltda., una empresa chilena, para que recibiera los desechos. El gobierno sueco tenía conocimiento de los movimientos.
Otro hecho que destaca es la información falsa que Promel Ltda. entregó a las autoridades. La solicitud de desaduanaje dice que el material “no es tóxico”. La más mínima diligencia por parte del Servicio de Salud de Arica, de la Agencia de Protección Ambiental de Suecia, o de Boliden Mineral AB, habría revelado la falsedad.
Ya al momento del primer envío, Suecia tenía la obligación de controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y garantizar que las autoridades competentes recibieran información adecuada y oportuna sobre dichos movimientos. Desafortunadamente, estas obligaciones fueron incumplidas.
Las consecuencias de los actos ilícitos de Suecia han sido catastróficas para la comunidad local de Arica: numerosas muertes por cáncer y otras afecciones médicas; mujeres que no pueden concebir hijos o que experimentan abortos espontáneos; niños que padecen defectos de nacimiento, incluidos trastornos neurológicos, hidrocefalia y espina bífida. El Gobierno de Chile estima que 12.000 personas han sido expuestas a los tóxicos peligrosos.
La tragedia sufrida por las víctimas de Arica revela que el mero reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano no es garantía suficiente; faltan medidas efectivas de exigibilidad. El caso también deja al descubierto la falta de protección penal del medio ambiente en Chile.
En el año 2013 algunas de las víctimas de Arica demandaron a Boliden ante tribunales suecos. Pero la segunda instancia falló que las reclamaciones de las víctimas habían prescrito. Esto es una violación del derecho a un juicio justo (proceso equitativo) reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las legislaciones ambientales modernas dan cuenta de los períodos de latencia de exposición a tóxicos (a menudo de décadas), y cuentan la prescripción desde la manifestación evidente del daño.
La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en Arica no es solo de Suecia. Las autoridades chilenas aprobaron la importación de los desechos sin siquiera realizar un análisis químico de su contenido. El Estado chileno construyó viviendas sociales en un sitio contaminado. El Estado ha reubicado a algunos de los moradores de la población de Cerro Chuño, pero otros continúan viviendo allí. Muchas de las casas contaminadas que quedaron vacías han sido ocupadas por personas en situación de extrema pobreza y migrantes.
Chile y Suecia deben tomar medidas urgentes para repatriar los desechos peligrosos a Suecia y asegurar remedios efectivos para los residentes de Arica por el daño que han sufrido a lo largo de los años, incluida la provisión de atención médica adecuada.
Con la proyección del documental sueco “Arica” en festivales de cine en Europa, las voces de las víctimas que reclaman justicia ambiental adquieren cada vez mayor fuerza. La celebración prevista en Suecia el próximo año 2022 de los 50 años de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano no será completa sin una respuesta real que ponga fin y repare la tragedia ambiental y humana infligida por los desechos tóxicos suecos en Arica.
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